17 de febrero de 2025 (Reuters).- El gobierno del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su intento de despedir al jefe de una agencia independiente que protege a los denunciantes del gobierno, en su primera batalla legal relacionada con las acciones de Trump ante el máximo órgano judicial del país desde que asumió el cargo en enero.
El Departamento de Justicia solicitó al tribunal que levante de inmediato la orden del 12 de febrero de un juez federal que bloqueaba temporalmente la destitución de Hampton Dellinger como jefe de la Oficina del Asesor Especial por parte de Trump mientras continúa el litigio en la disputa, según una copia de la presentación a la que tuvo acceso Reuters. El caso aún no ha sido incluido en el expediente del tribunal.
El caso podría ofrecer un anticipo de cómo la Corte Suprema considerará las agresivas medidas de Trump para reestructurar el gobierno federal, incluida la destitución de los jefes de agencias independientes . La corte tiene una mayoría conservadora de 6-3 e incluye a tres miembros designados por Trump durante su primer mandato.
La acción del juez de bloquear la terminación es un “ataque sin precedentes a la separación de poderes”, dijo la procuradora general interina Sarah Harris en la presentación.
“Este tribunal no debería permitir que tribunales inferiores se apoderen del poder ejecutivo dictándole al Presidente durante cuánto tiempo debe seguir empleando al jefe de una agencia contra su voluntad”, escribió Harris.
Designado por el expresidente Joe Biden , el mandato de cinco años de Dellinger expiraba en 2029. Presentó una demanda después de recibir un correo electrónico el 7 de febrero informándole que Trump lo había despedido del cargo de supervisor, “con efecto inmediato”.
La demanda de Dellinger afirma que Trump excedió su poder al pretender despedirlo, dado que la ley federal permite la destitución sólo por “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o malversación del cargo”.
“La capacidad del fiscal especial para proteger a la función pública e investigar las presuntas faltas de conducta es ahora más necesaria que nunca”, afirma la demanda de Dellinger. “Durante las tres semanas anteriores, una cantidad sin precedentes de empleados federales con protecciones en la función pública han sido despedidos sin causa”.
La jueza de distrito estadounidense Amy Berman Jackson en Washington, DC, emitió una orden de restricción temporal el 12 de febrero, restituyendo a Dellinger en su cargo en espera de una nueva orden preliminar.
Jackson dijo que era probable que Dellinger prevaleciera en la demanda dado que el esfuerzo por despedirlo sin identificar ninguna causa “contraviene claramente” las protecciones laborales del Fiscal Especial bajo la ley federal.
“Este lenguaje expresa la clara intención del Congreso de asegurar la independencia del Fiscal Especial y proteger su trabajo de los vientos del cambio político”, escribió Jackson en la orden.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos del Distrito de Columbia desestimó el sábado la apelación de la administración en una decisión de 2 a 1, diciendo que era prematura, dado que la orden de Jackson era sólo temporal.
La Oficina del Asesor Especial permite a los denunciantes hacer revelaciones sobre presuntas faltas de conducta en agencias federales e investiga denuncias de represalias. También aplica una ley estadounidense conocida como la Ley Hatch que limita la participación política de los empleados federales.
La decisión de despedir a Dellinger fue la última del gobierno de Trump para expulsar a funcionarios que investigan irregularidades dentro del gobierno federal. El mes pasado, Trump despidió a 17 inspectores generales que se desempeñan como supervisores independientes dentro de sus agencias, sin dar ninguna razón.