ECUADOR, 13 ENERO 2024.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también pidió a los legisladores que sopesen un aumento del impuesto al valor agregado (IVA) para financiar los esfuerzos para combatir a las bandas criminales, mientras las Fuerzas Armadas aumentan las operaciones en zonas violentas el viernes.
La medida anunciada este viernes 12 de enero podría permitir recaudar más de 1.300 millones de dólares al año y entraría en vigor en marzo. Los fondos se destinarían a financiar armas y equipos para las fuerzas de seguridad y mejoras al sistema penitenciario, así como los pagos adeudados a los gobiernos regionales.
Esto se suma al paquete de medidas urgentes que el presidente Noboa decretó en respuesta a la violencia del crimen organizado.
Se iniciará con la construcción de dos nuevos penales que se ubicarán en la provincia amazónica de Pastaza y la costera de Santa Elena con capacidad para 736 presos. Esta medida ha sido apodada por algunos como el “modelo Bukele” en referencia a las megacárceles de El Salvador.
“No vamos a dejar que un grupo de terroristas detengan el país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena”, afirmó el mandatario ecuatoriano.
Estos centros contarán con modelos de supermáxima, máxima y alta seguridad; inhibición de señal celular y satelital; sistemas electrónicos con tecnologías de punta; y control de acceso digital y análogo, según se explicó.
El presidente Daniel Noboa intenta responder a la escalada de violencia que vive Ecuador. El país, que fue considerado durante mucho tiempo uno de los más seguros de América Latina, ahora está sumido en una crisis de seguridad sin precedentes. El crimen organizado se ha fortalecido debido al auge de un entramado para la exportación de cocaína producida en las vecinas Colombia y Perú.
Esta semana, la crisis de seguridad tocó un punto álgido, cuando hombres armados tomaron una cadena de televisión y los alrededores de una universidad en la segunda ciudad del país: Guayaquil. Hechos que desembocaron en la declaración de “conflicto armado interno” por parte de Noboa y de la calificación de algunas bandas criminales como organizaciones terroristas.
“Esto es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar los más peligrosos“, reiteró Daniel Noboa.
Respuesta internacional a la crisis de seguridad en Ecuador
Este viernes, en una resolución aprobada por los 33 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), la región se comprometió a “monitorear” la situación en Ecuador para poder ofrecer acompañamiento político y técnico a Quito.
El documento fue aprobado en una sesión del Consejo Permanente en la que intervino la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, que calificó lo sucedido esta semana como una “grave crisis y conmoción social”.
De esta manera, la Administración de Daniel Noboa recibió un apoyo importante en su respuesta al crimen organizado que implica funciones extraordinarias propias de un estado de excepción, al que se oponen algunos sectores políticos como el correísmo.
Según la OEA, la prioridad de Ecuador ahora es “restaurar el orden público, preservar el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la búsqueda de la paz social”.
Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue crítica con la respuesta del Gobierno Noboa y enfatizó en la advertencia de que la política de seguridad de Ecuador debe ser “proporcional” y respetar los derechos humanos.
Una advertencia en la misma línea de Human Rights Watch (HRW), que consideró que la declaración del Gobierno ecuatoriano de un conflicto armado interno “puede conducir a abusos” por parte de las Fuerzas Armadas debido a la equiparación de las bandas con partes de un enfrentamiento bélico tradicional.
“Intentar luchar contra el crimen como si se tratase de una parte en un conflicto armado nunca ha sido la respuesta adecuada”, afirmó la directora para América de HRW, Juanita Goebertus.
Por su parte, algunos reconocidos analistas de la región como José Miguel Vivanco, quien es investigador principal del Council on Foreign Relations de Estados Unidos, piden acciones radicales del Gobierno ecuatoriano como la extradición a cárceles ecuatorianas.
“Puede ser un instrumento extraordinariamente eficaz, como lo fue en Colombia para luchar contra la delincuencia organizada que tiene en jaque al Estado de Ecuador”, dijo Vivanco.
Al respecto, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró este viernes que su Gobierno estudia permitir extradiciones a Estados Unidos de ecuatorianos, algo prohibido por la Constitución. Los ecuatorianos rechazaron hace poco menos de un año reformar la carta magna para incluir la extradición de personas vinculadas con el crimen transnacional, en un referendo celebrado en el Gobiernod de Guillermo Lasso (2021-2023).
Familias de los rehenes exigen respuestas del Gobierno ecuatoriano
Guardias penitenciarios y policías tomados como rehenes con amenaza de muerte representan un episodio de la escalada de violencia de esta semana. Las familias del personal penitenciario mantenido como rehén por los reclusos exigieron acciones para rescatarlos, en una manifestación el viernes afuera del edificio gubernamental de Cotopaxi.
Desde el inicio de semana, 158 guardias penitenciarios y 20 empleados administrativos fueron tomados como rehenes en al menos siete prisiones durante los motines de los reclusos. Pero las autoridades han publicado poca información sobre el estado de los rehenes.
En redes sociales han circulado vídeos que supuestamente muestran al personal penitenciario siendo sometido a violencia extrema, incluidos disparos y ahorcamiento, aunque el comandante de las Fuerzas Armadas, el contraalmirante Jaime Vela, aseguró que ningún rehén había sido asesinado.
El Gobierno ecuatoriano se enfrenta a 22 bandas criminales que están sembrando el terror en las calles. Una de ellas es la organización ‘Los Choneros’, una de las pandillas más antiguas del país con alrededor de 8.000 hombres. Su líder, Adolfo Macías, alias “Fito”, desapareció el domingo 7 de enero de la prisión de Guayaquil.
France24, con Reuters, AP y medios locales