La justicia contencioso administrativa de La Plata ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que arbitre las medidas necesarias para proveer adecuada alimentación a los presos alojados en cárceles del territorio provincial, en algunas de las cuales se mantiene una huelga de hambre como protesta
LA PLATA DIC 13 – Así lo informó esta tarde la Asociación Miguel Bru, una de las organizaciones que plantearon ante la justicia una medida cautelar para que se garantice la alimentación de los detenidos alojados en las 57 unidades penitenciarias y 8 alcaidías de la provincia de Buenos Aires.
El titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Francisco José Terrier, ordenó esta tarde al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que tome las medidas necesarias para resolver esta situación.
El juez dispuso que el ministerio “realice un relevamiento exhaustivo del estado de cumplimiento de las obligaciones alimentarias en todos los establecimientos de detención de la provincia de Buenos Aires, y, en caso de verificar falencias o incumplimientos, deberán adoptar las medidas tendientes a su inmediata reparación”.
El juez tuvo en cuenta que en su denuncia la Asociación Miguel Bru, junto a La Cantaro y Otrans Argentina, armaron que “a partir del día 22 de noviembre del corriente año, por una decisión del gobierno provincial (saliente, de María Eugenia Vidal) la ingesta de alimentos básicos para cumplir con el plan de alimentación previsto fue interrumpida” y que “hasta incluso se vería afectado el personal penitenciario que trabaja en el régimen laboral de 24 x 48 horas de descanso”.
La falta de provisión de alimentos a los detenidos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires fue advertida también por el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien antes de asumir reclamó a su antecesora Vidal que solucione esa situación que afectaba la salud de los detenidos.
El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio Alak, quien asumió el cargo ayer, también reconoció la grave situación que atraviesan los detenidos bonaerenses y calificó como una “deuda de la democracia” las condiciones de superpoblación, hacinamiento y carencias alimentarias que padecen los presos bonaerenses.