Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2025.- El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció la autorización a las Fuerzas Armadas para detener civiles en casos de flagrancia delictiva, una medida que ha generado fuertes críticas por parte de exfuncionarios y expertos en derecho constitucional. Petri justificó la decisión afirmando que está contemplada en la legislación vigente y que busca combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada.
Sin embargo, exministros de Defensa como Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena, junto al constitucionalista Daniel Sabsay, consideran que la medida excede las atribuciones legales de las Fuerzas Armadas y viola el marco normativo actual.
Ricardo López Murphy, quien ocupó el cargo entre 1999 y 2001, sostuvo que la Ley de Seguridad Interior prohíbe expresamente el uso de militares en tareas de seguridad interna, reservadas a fuerzas policiales y de seguridad federal. Aseguró que una resolución ministerial no puede modificar una ley y advirtió que esta decisión distrae a las Fuerzas Armadas de su función principal, que es la defensa ante amenazas externas. Por su parte, Horacio Jaunarena, dos veces ministro de Defensa, coincidió en que el cambio requiere una reforma legislativa y no puede implementarse por decreto, incluso si la ley actual está desactualizada.
Daniel Sabsay, reconocido constitucionalista, agregó que las Fuerzas Armadas no están entrenadas ni facultadas para realizar detenciones civiles, ya que su rol se limita a la defensa nacional. También cuestionó la falta de transparencia en la comunicación de la medida, recordando que en un sistema democrático las normas deben ser públicas y debatidas.
Frente a las críticas, Petri defendió su postura señalando que países vecinos y potencias como Estados Unidos emplean a sus militares en tareas de control fronterizo. Acusó a sus detractores de oponerse por ideología y reiteró que la medida busca fortalecer la seguridad ante amenazas como el narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento no ha respondido a los argumentos jurídicos planteados por los exfuncionarios.
La polémica reabre el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y la necesidad de una actualización legal que defina con claridad sus funciones. Mientras el Gobierno insiste en la urgencia de la medida, juristas y exautoridades exigen que cualquier cambio se realice mediante consenso parlamentario y no por vía administrativa.
Con NA