Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2025.- La fiscal federal Alejandra Mángano, quien se desempeña interinamente al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, solicitó que se eleve a juicio oral a los responsables de tres empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusados de haber comercializado en 2023 agua no apta para el consumo humano.
Los imputados son Gustavo Carmelo Russo (48), representante de “Soda la Generosa SRL”; Romina Aguirre (45), de la compañía “Blue 480 SRL”, que opera bajo el nombre de fantasía “Reino del Hielo”; y Carlos Alberto Bonavoglia (55), titular de “Carlos Alberto Bonavoglia S.R.L”. Se les imputa haber adulterado, vendido, suministrado, distribuido y/o almacenado con fines comerciales productos alimenticios que no cumplían con los estándares de seguridad para el consumo humano, ocultando su carácter nocivo y poniendo en grave riesgo la salud pública.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por una asociación civil, que alertó sobre la comercialización de agua envasada contaminada con bacterias perjudiciales para la salud.
En diciembre de 2023, la fiscalía solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº6 que se allanaran las instalaciones de las empresas involucradas para tomar muestras de los tanques de agua.
Estas muestras fueron analizadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos resultados confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli, coliformes y Pseudomonas aeruginosa, entre otras. Según el Código Alimentario Argentino, el agua no cumplía con los requisitos mínimos para ser considerada apta para el consumo humano, lo que convirtió su comercialización en un acto ilegal.
En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Mángano destacó que las pruebas recopiladas, incluyendo testimonios de expertos, análisis microbiológicos y documentación, demuestran de manera contundente la responsabilidad de los imputados. “Los hechos sometidos a proceso y la participación de los acusados en la adulteración, distribución y comercialización de productos nocivos para la salud pública han quedado acreditados con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso”, afirmó la fiscal.
Riesgo para la salud pública
Los imputados enfrentan cargos por violar el artículo 201 del Código Penal, que establece penas de 3 a 10 años de prisión para quienes “vendieren, pusieren en venta, suministraren, distribuyeren o almacenaren con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”. La fiscalía sostiene que esta normativa busca proteger los intereses de los consumidores y garantizar la seguridad alimentaria, evitando la circulación de productos que representen un riesgo para la salud pública.
En su argumentación, Mángano subrayó que la salud pública no se limita a la suma de la salud individual de cada persona, sino que abarca “un conjunto de condiciones que garantizan la salubridad e higiene mínimas para el bienestar de la comunidad”. En este caso, la comercialización de agua contaminada por parte de las empresas implicadas representó un peligro concreto para la población, ya que las bacterias detectadas pueden causar graves enfermedades.
Conocimiento y responsabilidad de los imputados
La fiscalía sostiene que los acusados actuaron con pleno conocimiento de los riesgos que implicaba su accionar. “Los representantes de estas empresas tenían conocimiento de que estaban poniendo en circulación productos no aptos para el consumo humano, ocultando su carácter nocivo y generando un resultado lesivo para la salud pública”, señaló Mángano. Además, destacó que la trayectoria de los imputados en el rubro demuestra su experiencia y conocimiento sobre las normativas vigentes, lo que refuerza su responsabilidad penal.
En conclusión, la fiscalía considera que los hechos investigados configuran un delito contra la salud pública y que los imputados deben ser llevados a juicio por su participación en la comercialización de agua contaminada. El caso ahora avanza hacia la etapa de juicio oral, donde se determinará la culpabilidad de los acusados y las posibles sanciones penales que correspondan.
Con el Ministerio Público Fiscal de la Nación