Guayaquil, Ecuador, 17 de marzo de 2025 (EFE).- La Fiscalía de Ecuador reconstruyó este domingo el momento en el que dieciséis militares detuvieron irregularmente y se llevaron, la noche del 8 de diciembre de 2024, a cuatro menores afrodescendientes en el sur de la ciudad de Guayaquil, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados días después en una zona rural.
La diligencia, que se postergó en dos ocasiones, es parte de la investigación que lleva la Fiscalía por el delito de desaparición forzada, en el que los militares están investigados y con prisión preventiva.
Con esta reconstrucción de los hechos, que causaron una conmoción a nivel nacional, se busca tener más detalles de lo que sucedió esa noche, momentos previos a la desaparición de los menores a unos 40 kilómetros del lugar en donde fueron detenidos, en una zona cercana a la base militar de Taura, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Militares de Ecuador investigados por el caso de los menores
«Esta diligencia es importante porque reúne también los testimonios que ya han venido registrándose antes», explicó Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que defiende legalmente a las familias de las víctimas.
«Es especialmente importante porque se busca la verosimilitud de lo narrado», agregó.
A la reconstrucción acudieron los dieciséis militares, que cumplen prisión en una cárcel de una ciudad andina del país; los padres de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, muy cerca del sitio de la escena, y los abogados de ambas partes.
La diligencia inició sobre las 20.30 hora local (1.30 GMT), pues, según las investigaciones, fue el momento en el que la patrulla militar se acercó a los menores, los detuvo y se los llevó con rumbo desconocido en un vehículo blanco. Para recrear ese instante, decenas de policías y militares acordonaron la zona, muy concurrida por estar frente a un centro comercial.
Más de tres horas para recrear detención
Durante más de tres horas, los militares relataron al fiscal Christian Fárez cómo y por qué se dio la detención de los menores, a quienes golpearon y subieron a una camioneta por los soldados, según se pudo observar en vídeos de cámaras de seguridad de la zona que se viralizaron en redes sociales.
Los jefes de la patrulla fueron quienes más tiempo participaron de la recreación de la escena, en la que también colaboraron otros soldados distintos a los detenidos y policías, quienes representaron a los menores asesinados y a otros amigos de ellos que lograron escapar esa noche.
Después de terminar la recolección de testimonios en ese sitio, estaba previsto que la reconstrucción se siga desarrollando durante la madrugada en la ruta hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde los soldados han asegurado que dejaron a los menores en libertad.
«La recreación a través de esta reconstrucción ha ido muy apegada a la versión que han indicado los diecisiéis procesados y esto es que existe el delito de desaparición forzada», explicó Abraham Aguirre, abogado de las familias y del CDH, quien fue parte de la diligencia.
Militares buscan revocar prisión preventiva
Aguirre dijo que, después de esta reconstrucción, las familias tendrán que enfrentarse a una nueva audiencia de revisión y sustitución a la previsión preventiva solicitada por los procesados y que se llevará a cabo el próximo viernes.
Sin embargo, no cree que el juez que atenderá el pedido cambie la medida de prisión impuesta a los militares, pues asegura que «los elementos de descargo se están acrecentando y reafirmando», especialmente después de unas últimas versiones dadas por dos adolescentes que estuvieron con los menores desaparecidos y luego asesinados que confirmarían, de acuerdo al abogado, un mal procedimiento por parte de los soldados.
El caso de los cuatro menores de Las Malvinas se sumó a las numerosas denuncias de presuntas violaciones de derechos cometidas por las fuerzas estatales de Ecuador bajo el «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, en 2024 para combatir al crimen organizado, causante de la escalada de violencia que llevó al país a situarse en 2023 con la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica.
De acuerdo al CDH, la Fiscalía registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde que se declaró el «conflicto armado interno», 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 de desaparición forzada, si bien el organismo considera que son más.