Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2025.- A través del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, el gobierno de Javier Milei presentó una doble denuncia contra la jueza porteña Karina Andrade. La magistrada es criticada por haber liberado a más de cien personas detenidas durante los disturbios ocurridos en la marcha de jubilados frente al Congreso el pasado miércoles. Los incidentes incluyeron quema de vehículos policiales y agresiones a uniformados.
La primera denuncia, formalizada por el director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, Fernando Soto, acusa a Andrade de prevaricato y encubrimiento de sedición. La segunda, presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, busca su destitución por presuntas irregularidades en el procedimiento judicial. Según fuentes oficiales, la jueza habría liberado a 114 detenidos sin esperar a que la fiscalía presentara las pruebas correspondientes, argumentando garantías constitucionales y el derecho a la protesta social.
El Gobierno sostiene que Andrade actuó de manera apresurada y sin considerar los antecedentes penales de varios de los detenidos, entre los que se encuentran delitos como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes. Además, se la acusa de haber tomado la decisión sin revisar adecuadamente las actuaciones judiciales, basándose únicamente en las actas de detención proporcionadas por la Policía.
Por su parte, la jueza defendió su decisión, alegando que no había pruebas suficientes para mantener a los detenidos bajo custodia. Sin embargo, el Gobierno insiste en que, según el sistema procesal acusatorio vigente, es el fiscal quien debe decidir sobre la situación de los detenidos, no el juez.
Esta denuncia se suma a una presentación anterior realizada por el Ministerio de Seguridad, que también involucra a grupos organizados de barrabravas y a dos intendentes del Partido Justicialista, acusados de sedición y asociación ilícita. En ese caso, el fiscal Franco Picardi solicitó al Ministerio que aporte documentación que respalde las acusaciones.
Karina Andrade, abogada especializada en derecho penal y con una amplia trayectoria académica, ha sido miembro de la Asociación Pensamiento Penal, una organización enfocada en derechos humanos y reformas en el sistema penal. Su decisión ha generado un fuerte debate sobre el cumplimiento de los protocolos judiciales y el manejo de situaciones de conflicto social.
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