Ciudad de Buenos Aires, 13 de marzo de 2025. – El Gobierno Nacional ha intensificado sus críticas hacia la jueza porteña Karina Giselle Andrade, quien ordenó la liberación de los 114 detenidos durante la protesta de los jubilados en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron episodios de violencia. Las declaraciones de funcionarios públicos, cargadas de tono acusatorio, parecen apuntar a una clara intención de influir en las decisiones judiciales y cuestionar la independencia del poder judicial.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el primero en lanzar un ataque directo a través de sus redes sociales, calificando el fallo como un ejemplo de la llamada “justicia de la puerta giratoria” y responsabilizándola de la “inseguridad en la Argentina”. En un intento por desacreditar la decisión judicial, Adorni afirmó: “La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que, junto a muchos otros, ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad”. Además, agregó: “Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”, en lo que parece ser un intento de criminalizar la labor de la magistrada.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también se sumó a la embestida, sugiriendo que la jueza debería haber investigado “quién envió a esos barras a sembrar el caos” y acusándola de “liberarlos en menos de 8 horas”. En un claro gesto de presión, anunció que se analizaría su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por un supuesto “incumplimiento de sus funciones”. Estas declaraciones reflejan una estrategia gubernamental para intimidar y condicionar las decisiones judiciales, buscando alinear al poder judicial con sus intereses políticos.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también cuestionó la decisión de la jueza, argumentando que “debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza”. Sus palabras, aunque no mencionaron directamente a la magistrada, insinuaron que el fallo habría sido demasiado benevolente y contribuido a la impunidad. “Si se entiende la ley de esa manera, es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque, en definitiva, la Justicia los libera”, afirmó, en lo que parece ser un intento más por deslegitimar la independencia judicial.
Durante la protesta del pasado miércoles, la Policía de la Ciudad detuvo a 94 personas, quienes fueron liberadas horas después por orden judicial. Sin embargo, el Gobierno ha utilizado este caso para cuestionar abiertamente la labor de la jueza Andrade, en lo que muchos interpretan como un esfuerzo por manipular y controlar al poder judicial, socavando su autonomía y su papel como contrapeso democrático.