Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de febrero de 2025.- El presidente Javier Milei designó por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, tras un año de inacción del Senado.
Los pliegos de ambos magistrados, enviados en mayo de 2024 y debatidos en audiencias públicas, no fueron tratados por la Cámara Alta, lo que llevó al Ejecutivo a actuar bajo el argumento de que la Constitución permite nombramientos en comisión durante el receso legislativo.
El Gobierno justificó la medida señalando que la politización de la Justicia ha debilitado su eficiencia y recordó que tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri designaron jueces con amplio respaldo político. Sin embargo, la decisión de Milei ha generado fuertes críticas.
Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI, calificó el nombramiento de Lijo como un “escándalo de corrupción”, mientras que la exministra Elizabeth Gómez Alcorta lo comparó con un acto de “monarquía”.
Martín Soria, exministro de Justicia, denunció la medida como “inconstitucional e ilegítima”, acusando a Milei de buscar impunidad para su gobierno. Por su parte, el diputado Juan Manuel López advirtió que la designación de Lijo podría garantizar la impunidad del presidente y su hermana, instando al Senado a rechazar la propuesta.
Desde un enfoque técnico, María Eugenia Talerico, extitular de la UIF, criticó duramente la designación, calificando a Lijo como “el peor juez posible” para la Corte Suprema y señalando que la decisión refleja el “poder más oscuro de los corruptos”.
La polémica subraya la tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y plantea serias dudas sobre la independencia judicial en Argentina. La designación por decreto, aunque legal, ha sido interpretada por muchos como un paso peligroso hacia la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas.