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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de febrero de 2025.- El Senado aprobó hoy, con carácter de ley, el proyecto Anti Mafia, que busca un enfoque integral para combatir el crimen organizado. La iniciativa fue respaldada con 38 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Cabe destacar que la mayoría del bloque kirchnerista abandonó el recinto antes de la votación.
La propuesta recibió el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y otros espacios federales. A estos se sumaron los votos de los senadores kirchneristas Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy).
Las reformas al Código Penal incluidas en el proyecto se aplicarán a delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. Una de las modificaciones clave establece penas de 8 a 20 años de prisión o reclusión por el solo hecho de pertenecer a una asociación ilícita que cometa estos delitos.
Además, se establece que la pena correspondiente al delito más grave cometido por un miembro de la organización se extenderá a todos sus integrantes, considerándolos partícipes necesarios del acto delictivo.
El proyecto también introduce la figura de la Zona de Investigación Especial, diseñada para agilizar los mecanismos de actuación de los poderes del Estado, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva en operativos e investigaciones. En estos casos, las actuaciones judiciales pasarán a la Justicia Federal.
En investigaciones que involucren a varios distritos, la Fiscalía Federal competente convocará a las fiscalías provinciales y a las unidades especializadas para formar una Comisión Investigadora Conjunta. Asimismo, las fuerzas de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguaciones, siempre que exista una razón fundada. En casos de delincuencia transnacional, la detención podrá extenderse hasta 15 días, con posibilidad de prórroga bajo autorización judicial.
Otras medidas incluyen la incautación de mercadería vinculada a ilícitos, requisas en cárceles nacionales o provinciales, la inmovilización de activos de personas o empresas sospechosas de vínculos con el crimen organizado, y allanamientos en áreas específicas con autorización judicial. En situaciones de urgencia, el Ministerio Público Fiscal podrá autorizar allanamientos por cualquier medio, notificando inmediatamente a la autoridad judicial competente.
Los investigadores también tendrán la facultad de interceptar comunicaciones telefónicas, mensajes en redes sociales y otras plataformas digitales, siempre con una orden judicial y bajo los parámetros establecidos por la ley.
El debate
La senadora Carolina Losada (Santa Fe), una de las impulsoras del proyecto, destacó: “Estamos librando una batalla dura contra el narcotráfico, y esta ley será fundamental porque ataca cada eslabón de la cadena delictiva, responsabilizando a todos por igual”.
Por su parte, el bloque kirchnerista expresó su desacuerdo parcial a través del senador Oscar Parrilli (Neuquén): “Debemos corregir el avasallamiento al federalismo y a las autonomías provinciales. Este proyecto invade la jurisdicción de los gobernadores”. Tras su intervención, la mayoría de los integrantes del interbloque peronista abandonó el recinto.
No obstante, el senador Marcelo Lewandowski (Santa Fe) justificó su apoyo a la iniciativa: “Acompañaré esta ley porque brinda una herramienta más para combatir el delito. Necesitamos pacificar los barrios, pero también garantizar igualdad de oportunidades en educación y trabajo”. Lewandowski fue candidato a la gobernación de Santa Fe en las últimas elecciones.