Londres, 10 de febrero de 2025 (EFE).- Casi 4.000 migrantes han sido detenidos en el Reino Unido desde julio de 2024, cuando el laborismo llegó al poder, como parte del objetivo del Gobierno británico de combatir la inmigración ilegal, según informó este lunes el Ministerio del Interior.
Los arrestos tuvieron lugar en salones de manicura, lavaderos de coches y restaurantes.
En concreto, desde el 5 de julio de 2024 y hasta el 31 de enero de 2025, los agentes de inmigración arrestaron a 3.930 personas en 5.424 establecimientos, lo que supone un aumento del 38 % en comparación con el mismo período del año anterior, según datos oficiales.
Solo en el mes de enero de este año, los agentes allanaron 828 establecimientos y detuvieron a 609 personas, un 73 % más que en el mismo mes de 2024.
Falsas promesas
Las autoridades británicas afirman que a las personas que entran en el Reino Unido de manera irregular se les hacen falsas promesas sobre las posibilidades de vivir y trabajar, lo que les alienta a realizar viajes peligrosos, como cruzar el Canal de la Mancha (entre Francia e Inglaterra), organizados por bandas criminales.
Sin embargo, la realidad al llegar es muy distinta: estos migrantes viven en malas condiciones y se les obliga a trabajar largas horas para empleadores que evaden impuestos.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha asegurado que el Gobierno está aplicando la ley contra estas prácticas a «niveles récord».
«Las normas de inmigración deben respetarse y hacerse cumplir. Durante demasiado tiempo, los empleadores han podido contratar y explotar a inmigrantes ilegales y demasiadas personas han podido llegar y trabajar ilegalmente sin que se haya tomado ninguna medida», dijo.
«Esto no solo crea una peligrosa atracción para que las personas arriesguen la vida cruzando el canal en una pequeña embarcación, sino que da lugar al abuso de personas vulnerables, del sistema de inmigración y de nuestra economía», agregó.
Nueva ley contra el tráfico de personas
En la actualidad, el Parlamento británico tramita un proyecto de ley sobre Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, cuyo objetivo es introducir una serie de nuevos delitos para acabar con los traficantes de personas.
En el proyecto se incluye una pena de 14 años de prisión para las personas que vendan y manipulen piezas de barcos sospechosas de ser utilizadas para cruzar el canal.