Por Susana Macías | El Cato
El 8 de enero de 2025, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) publicó un informe que reconoce que los cárteles mexicanos se están armando a través de canales de tráfico provenientes de Estados Unidos. Tras la publicación del informe, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, condenó a Estados Unidos por no abordar el contrabando de armas, el cual, argumenta, representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de México. Gertz tiene razón; el contrabando de armas es una amenaza para la seguridad nacional de México, y he aquí el porqué.
Los cárteles mexicanos se dedican principalmente al tráfico ilegal de drogas recreativas. El esfuerzo del gobierno por detener a los cárteles de traficar drogas se conoce comúnmente como la guerra contra las drogas. Los cárteles han podido enfrentarse a las autoridades en parte debido al vasto arsenal de armas de grado militar que poseen. Los cárteles también usan sus armas para pelear por territorio y control contra otros cárteles, desestabilizando la seguridad, la economía y el estado de derecho en México.
Según el Programa de Datos de Conflictos de Uppsala, entre 2006, cuando comenzó la guerra contra las drogas, y 2023, se atribuyeron 139.908 homicidios a los cárteles mexicanos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que 31.062 personas fueron asesinadas en México en 2023 (24.0 homicidios por cada 100.000 habitantes). El método principal utilizado para cometer homicidios fue el uso de armas de fuego, que representaron el 70,0 por ciento de los casos.
La economía de México también se ha visto amenazada por la violencia generada por los cárteles. En septiembre de 2024, cuando comenzó la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, muchos negocios en Sinaloa cerraron por temor a ser blanco de ataques o verse atrapados en el fuego cruzado. Las pérdidas económicas en ese momento se estimaron en 536 millones de pesos en ingresos perdidos por negocios formales (27.23 millones de dólares), 350 millones de pesos en ingresos perdidos por trabajadores informales (17.78 millones de dólares) y 2,5 mil millones de pesos (128 millones de dólares) en transacciones económicas de compra venta de productos y servicios que no se realizaron.
El estado de derecho ha sido desestabilizado por una corrupción generalizada. El poder de los cárteles sobre las autoridades mexicanas proviene de su uso de armamento poderoso para coaccionar el cumplimiento de sus demandas. Los funcionarios gubernamentales que buscan combatir a los cárteles y se niegan a participar en la corrupción suelen enfrentar graves consecuencias. Este fue el caso de Alejandro Arcos, quien se convirtió en alcalde de Chilpancingo, México en octubre de 2024. Fue asesinado solo seis días después de asumir el cargo. Según las autoridades mexicanas, Arcos fue asesinado por el cártel conocido como “Los Ardillos” porque se negó a nombrar a personas vinculadas al cártel en su administración.
Algunos funcionarios se sienten atraídos por la ambición, el dinero y la influencia de colaborar con los cárteles. Uno de los casos más notorios de corrupción gubernamental es el de Genaro García Luna. En octubre de 2024, el exsecretario de Seguridad Pública de México (2006-2012) fue sentenciado por una corte estadounidense a 460 meses de prisión y una multa de 2 millones de dólares por su ayuda de una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.
Durante su audiencia de confirmación en el Senado como nominado de Trump para secretario de Estado, el senador Marco Rubio declaró que los cárteles mexicanos son “organizaciones terroristas transnacionales sofisticadas” que “tienen control operacional y funcional sobre vastas áreas fronterizas con Estados Unidos”. Rubio tiene razón, pero lo que no reconoce es que el control de los cárteles se debe principalmente al armamento proveniente de Estados Unidos. Según el informe de la ATF, en 2023, la mayoría de las armas rastreadas recuperadas en México se originaron en Texas (43%), Arizona (22%) y California (9%). El informe también destaca que “el 82% de las armas de crimen rastreadas en México fueron recuperadas en estados con una fuerte presencia de los cárteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación”.
El senador Marco Rubio también declaró que es crucial no solo combatir a los cárteles, sino llamarlos por lo que son: grupos terroristas. También mencionó que el uso de la fuerza militar es “una opción que el presidente tiene a su disposición”. De manera similar, Pamela Jo Bondi, nominada de Trump para fiscal general, declaró: “Personalmente traté con estos cárteles como fiscal estatal, y son una amenaza grande y violenta para nuestro país”.
Rubio y Bondi no reconocen el papel de Estados Unidos en permitir que los cárteles se conviertan en una amenaza para la seguridad tanto de Estados Unidos como de México. Etiquetar a estos cárteles como grupos terroristas probablemente tensará la ya frágil relación entre las dos naciones. Si Estados Unidos está verdaderamente comprometido con debilitar a los cárteles y abordar las amenazas de seguridad que representan, la prioridad debería ser detener el tráfico de armas hacia México en lugar de designar a estos grupos como terroristas. Rubio y Bondi podrían comenzar tomando en serio las recomendaciones de la ATF, que incluyen expandir las verificaciones de antecedentes, mejorar la rendición de cuentas en las reventas de armas de las fuerzas del orden y fortalecer y expandir la Inteligencia de Armas de Crimen de la ATF.
Si, como afirmó Rubio, Estados Unidos etiqueta a los cárteles como grupos terroristas y elige intervenir militarmente en territorio mexicano, Estados Unidos estaría esencialmente luchando contra un ejército de cárteles que irresponsable y descaradamente equipó. La hipocresía es innegable.