Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de enero de 2025.- El Gobierno ha establecido los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a un proceso de valorización. Esta medida pone fin a una prohibición que había estado vigente durante 16 años, desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el precio de la tonelada de chatarra se situaba en aproximadamente 70 dólares.
A través del Decreto 1/2025, el presidente Javier Milei ha autorizado la comercialización, ya sea de manera definitiva o temporal, de chatarra y residuos metálicos. Estos materiales podrán ser utilizados como “insumo para un proceso productivo específico o como producto de uso directo” dentro del Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, abarcando también sus espacios aéreos y marítimos.
La liberalización de la exportación de chatarra, que podría alcanzar precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada, ha generado descontento entre las principales siderúrgicas del país, como Techint y Acindar. Asimismo, ha suscitado inquietudes entre aproximadamente 300 pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector metalúrgico, que emplean a unas 6,000 personas.
Los principales países importadores de chatarra argentina se perfilan como China y Turquía. La dinámica de exportación de chatarra se asemeja a la de la carne bajo la cuota Hilton: los mejores “residuos” (denominados “insumos” en la industria) se destinarán al mercado internacional, mientras que en el país quedarán aquellos de menor calidad, que no son aptos para ser procesados en los hornos de las pymes siderúrgicas.
Los costos más significativos que enfrenta la industria siderúrgica incluyen la importación de hierro desde Brasil, carbón desde Australia, y el costo de la energía eléctrica, que, aunque competitiva en Argentina, experimentó un aumento superior al 30% el año pasado, superando la inflación. Además, los salarios han incrementado en dólares debido al atraso cambiario, y los impuestos son considerados elevados por los industriales.
Para la producción de acero, Techint podrá recurrir a importaciones de hierro y carbón, lo que generará un acero con mayores emisiones de dióxido de carbono, en lugar de utilizar chatarra. Esto es posible gracias a la capacidad de sus hornos para procesar materiales de menor calidad que las fundiciones de las pymes, aunque requerirá que el Banco Central le proporcione dólares.
Por lo tanto, la industria considera que la chatarra es un “insumo estratégico”. En el artículo 1° de la normativa se establece que “no se permitirá la importación de residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a un proceso de valorización, tengan como objetivo la valorización energética y/o su disposición final”. Además, se estipula que “la exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y deberá cumplir con el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación”.
Otro requisito de la normativa es la presentación de una “Declaración Jurada” que garantice que los materiales no son peligrosos, conforme a la legislación nacional e internacional. Los exportadores también deberán demostrar que su carga cumple con las regulaciones internacionales, especialmente el Convenio de Basilea, para asegurar que los residuos a exportar sean adecuados y no representen riesgos para el medio ambiente.
El Gobierno clasificó los diferentes tipos de residuos que formarán parte de la comercialización.
Residuo: toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté obligado a proceder.
Residuo no peligroso valorizado: aquel que, no estando encuadrado en los alcances de la normativa nacional en materia de residuos peligrosos, haya sido sometido a una operación de valorización o de eliminación de su carácter de peligrosidad.
Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.
Sturzenegger justificó los cambios en la importación y exportación de residuos: “La prohibición era nociva”.
Previo a la oficialización de la norma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que la prohibición “era nociva por varios motivos”.
Señaló que “al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)”.
“En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, agregó.
El ministro, además, aseveró que la norma beneficiaba a los procesadores de la mencionada chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos.
Con NA