Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 octubre 2024.- En medio del conflicto que se desató luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario, que derivó en una serie de tomas de instituciones educativas por parte de alumnos y docentes, el Gobierno firmó este lunes una resolución que lo habilita a auditar las casas de altos estudios.
Esta medida se da en medio de la toma activa de al menos 15 universidades en contra del desfinanciamiento universitario.
Por ejemplo, en la Universidad de Lomas de Zamora hubo clases públicas y un ruidazo, sin que se ocuparan los edificios.
En la mayoría de las casas de estudio las medidas de fuerza se concentraron en distintas facultades, pero en otras las protestas se replicaron en rectorados, observatorios e incluso escuelas secundarias.
Universidad de Buenos Aires: ocho facultades.
Universidad Nacional de La Plata: seis facultades y el Colegio Nacional.
Universidad Nacional de Quilmes: totalmente tomada.
Universidad Nacional de La Matanza: totalmente tomada.
Universidad Nacional de Moreno: totalmente tomada.
Universidad Nacional de Tucumán: dos facultades.
Universidad Nacional de Mar del Plata: cinco facultades y “vigilia activa” en Arquitectura.
Universidad Nacional de La Pampa: dos facultades y sede central.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral: sede Caleta Olivia.
Universidad Nacional de Rosario: cinco facultades.
Universidad Nacional de Córdoba: cinco facultades.
Universidad Nacional de San Luis: rectorado tomado.
Universidad Nacional de Salta: rectorado tomado.
Universidad Nacional de Jujuy: rectorado tomado.
Universidad Nacional de Tucumán: tres facultades.
El dictamen del procurador del Tesoro de la Nación
De acuerdo con el documento firmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los fondos que se destinan a estas entidades.
Hasta el momento, la tarea solamente podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo que responde al Congreso, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.
“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el Dictamen de Barra.
Para el funcionario, “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.
El dictamen indica que el artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y “no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes”.
Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol.
“Ello no solo no surge de la norma, sino que tampoco sería incompatible uno y otro control, que se encuentran presentes –ambos– en la mayoría de los entes descentralizados o autárquicos”, remarcó el procurador del Tesoro.
La medida se enmarca en un contexto de conflicto entre el Gobierno y las autoridades de las casas de altos estudios, a las que el presidente Milei quiere supervisar para hacer un seguimiento de los fondos que se destinan a estas instituciones.
“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, sostuvo Javier Milei el sábado al presentar el nuevo nombre del ahora ex CCK, que pasó a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.
Todo surgió luego de que el mandatario firmara un veto que anuló el proyecto que había sido aprobado en el Congreso y que establecía un aumento para todo el personal docente y no docente del sector, lo que motivó en las últimas horas varios hechos de violencia y tomas en los edificios educativos.
Una de las iniciativas del Poder Ejecutivo es controlar que las universidades respeten “los procedimientos de compra que tiene todo el Estado” y cumplan con “los mismos estándares que en la administración pública”.
Así lo anticipó en una entrevista radial el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque la idea surgió de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, un área que está bajo la órbita de Capital Humano.
Desde esos despachos oficiales se aseguró que “se está evaluando la forma de implementar esa medida” que, “en principio, no afecta la autarquía de las universidades nacionales, en tanto no indica ni autoriza qué deben comprar o dejar de adquirir”, sino que se busca “que el sistema sea más transparente”.
“Una interpretación literal y armónica de los textos legales en análisis lleva a concluir que las Universidades Nacionales están sometidas, por un lado, al control externo, a cargo de la AGN, conforme lo establecido por la Ley de Administración Financiera a la que remite el artículo 59 de la Ley de Educación Superior, en virtud de lo establecido en el artículo 59 bis de esta última y de conformidad a lo previsto por el artículo 129 de la Ley N.° 27.591. Por otro lado, también están sujetas al control interno, en cabeza de la SIGEN, que le resulta aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 100 de la LAF, como lo contempla expresamente el artículo 59 de la Ley de Educación Superior”, señaló el documento firmado por Barra.
Con Infobae