París, Francia, 22 agosto 2024.- La decisión ha sido tomada. El Tribunal de Apelación de París declaró el jueves 22 de agosto inadmisibles las solicitudes de una mujer franco-vietnamita de reconocer la responsabilidad de Bayer-Monsanto y otros 13 grupos agroquímicos, proveedores del “Agente naranja”, un defoliante ultra tóxico utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam.
“Las solicitudes de la señora To Nga chocan con la inmunidad de jurisdicción de la que se benefician las empresas (…)”, indica la sentencia consultada por la AFP.
Tran To Nga, de 82 años, tiene intención de apelar ante el Tribunal de Casación, según sus abogados. “La lucha de nuestro cliente no se detiene con esta decisión”, subrayan William Bourdon y Bertrand Repolt en un comunicado.
“Más de tres millones de víctimas” del Agente Naranja
Nacida en la Indochina francesa en 1942, Tran To Nga tenía 24 años y era periodista cuando estuvo expuesta al defoliante utilizado por el Ejército estadounidense para destruir los bosques vietnamitas, que protegían a los guerrilleros comunistas del Vietcong, pero que causó “más de tres millones de víctimas”, según la asociación vietnamita de dioxinas.
Su hija, nacida en 1969, murió de un defecto cardíaco después de “17 meses”, precisa el colectivo, añadiendo que sus otras dos hijas y sus nietos padecen “patologías graves”. Tran To Nga sufre “tuberculosis repetida, cáncer y diabetes tipo II”, denuncia Vietnam Dioxine.
En los Estados Unidos, si bien algunas empresas han indemnizado a veteranos sin que se haya celebrado un juicio, la justicia desestimó en 2005 una asociación vietnamita de víctimas por considerar que el “Agente naranja” —que toma su nombre del color de la cinta pintada en los barriles que contienen este defoliante— era un herbicida y no un arma química.
Tran To Nga recurrió a la justicia francesa. En primera instancia, en 2021, el tribunal de Évry la desestimó.
Como confirmó el tribunal de apelación, este último había considerado que las empresas, entre ellas Bayer-Monsanto, Dow Chemical y Hercules, habían “actuado por orden y en nombre del Estado americano” y que, por lo tanto, podían alegar “inmunidad de jurisdicción”.