CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 17 AGOSTO 2023.- El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a exagentes y exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que estaban siendo investigados por presunto espionaje ilegal en el penal de Ezeiza, donde estuvieron detenidos exfuncionarios kirchneristas, durante el gobierno de Cambiemos.
El magistrado lo hizo a través de una resolución de 246 páginas en la que no negó que hubieran existido maniobras de espionaje ilegal pero desvinculó de las mismas a los exagentes y la excúpula del SPF y las atribuyó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, a su entender, actuó con “beneplácito” del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el primero que estuvo a cargo del caso.
Los beneficiados por el fallo de Martínez de Giorgi fueron el ex titular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco; el extitular de la Dirección principal de Análisis de la Información del Servicio Penitenciario Federal, Cristina Suriano, y un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaban por debajo de ellos.
De acuerdo con la resolución judicial, debe investigarse también si hubo testigos -que en un principio actuaron con identidad reservada- que fueron preparados o guionados para endilgar la responsabilidad por el espionaje ilegal a miembro del SPF cuando en realidad habría sido realizado por la AFI que entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Para el magistrado, con la excusa judicial de controlar al denominado “rey de la efedrina”, Mario Segovia, dentro del penal de Ezeiza, donde supuestamente seguía cometiendo delitos, se habría montado un dispositivo de inteligencia que permitió espiar también a empresarios y dirigentes políticos presos.
En la resolución de Martínez de Giorgi, se señala que su colega Villena fue el que ordenó la vigilancia sobre Segovia y el que autorizó la intervención del teléfono del pabellón en el que estaba detenido: fue el juez quien puso la transcripción de las escuchas en manos de la AFI, que debía limitarse a las conversaciones de Segovia y terminó escuchando a los políticos presos.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a exagentes y exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que estaban siendo investigados por presunto espionaje ilegal en el penal de Ezeiza, donde estuvieron detenidos exfuncionarios kirchneristas, durante el gobierno de Cambiemos.
El magistrado lo hizo a través de una resolución de 246 páginas en la que no negó que hubieran existido maniobras de espionaje ilegal pero desvinculó de las mismas a los exagentes y la excúpula del SPF y las atribuyó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, a su entender, actuó con “beneplácito” del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el primero que estuvo a cargo del caso.
Los beneficiados por el fallo de Martínez de Giorgi fueron el ex titular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco; el extitular de la Dirección principal de Análisis de la Información del Servicio Penitenciario Federal, Cristina Suriano, y un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaban por debajo de ellos.
De acuerdo con la resolución judicial, debe investigarse también si hubo testigos -que en un principio actuaron con identidad reservada- que fueron preparados o guionados para endilgar la responsabilidad por el espionaje ilegal a miembro del SPF cuando en realidad habría sido realizado por la AFI que entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Para el magistrado, con la excusa judicial de controlar al denominado “rey de la efedrina”, Mario Segovia, dentro del penal de Ezeiza, donde supuestamente seguía cometiendo delitos, se habría montado un dispositivo de inteligencia que permitió espiar también a empresarios y dirigentes políticos presos.
En la resolución de Martínez de Giorgi, se señala que su colega Villena fue el que ordenó la vigilancia sobre Segovia y el que autorizó la intervención del teléfono del pabellón en el que estaba detenido: fue el juez quien puso la transcripción de las escuchas en manos de la AFI, que debía limitarse a las conversaciones de Segovia y terminó escuchando a los políticos presos.
Télam