SINGAPUR, 28 JULIO 2023.- Oenegés calculan que desde marzo de 2022, Singapur ha ejecutado la pena capital unas 22 veces. Entes internacionales como la ONU y Human Rights Watch se posicionaron en contra de este tipo de medidas, mientras el Gobierno defiende la aplicación de la ley como efecto disuasorio para prevenir crímenes graves.
Es una de las ciudades-Estado más seguras, desarrolladas y ricas del mundo. Y el precio a pagar para quienes quebrantan la ley, en ciertos casos graves, es la vida.
Este viernes 28 de julio se conoció que Singapur ejecutó a una ciudadana local, identificada como Saridewi Djamani, por traficar unos 30 gramos de heroína. Es la primera mujer en ser ejecutada en 19 años en un contexto de repunte de las aplicaciones de la pena capital por este tipo de delitos.
El país es conocido por su mano dura con ciertos crímenes que se traducen en una condena a muerte segura. Según la Oficina de Narcóticos de Singapur (CNB por sus siglas en inglés), “la ley sobre el Uso Indebido de Drogas prevé la pena de muerte si la cantidad de diamorfina (heroína) traficada es superior a 15 gramos. 30,72 gramos de diamorfina es más del doble de esa cantidad y es suficiente para alimentar la adicción de unos 370 consumidores durante una semana”.
Este no es el único caso pendiente a la horca, el método utilizado para ejecutar la sentencia. Según EFE, después de haber puesto en pausa algunos procesos de ejecución en tiempos de pandemia, Singapur retomó con fuerza los casos pendientes.
Esta misma semana, un hombre de 56 años fue ahorcado por traficar una cantidad similar a Djamani y se espera que el 3 de agosto se lleve a cabo otra sentencia.
Organizaciones no gubernamentales locales arguyen que al menos unas cuatro personas han pasado por el patíbulo desde el pasado mes de abril. La cifra aumenta a 22 desde marzo de 2022.
“Inhumanidad sin límites”
Varias organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y Human Rights Watch (HRW) han criticado el proceder de las autoridades Singapurenses. Por su parte, la ONU pidió detener la ejecución de Saridewi Djamani, sin embargo, el mensaje de tolerancia cero de la dirección de la ciudad-Estado fue más alto.
El subdirector en Asia de HRW, Phil Robertson, arremetió contra las leyes del país asiático: “La inhumanidad de Singapur hacia las personas atrapadas en su draconiana ley antidrogas no tiene límites”, afirmó.
En un comunicado, Robertson alegó que “el Gobierno y los tribunales se han movido como una máquina, cada vez más rápido, para recuperar el tiempo perdido, aparentemente decididos a vaciar el corredor de la muerte lo más rápido posible” después de los dos años de la pandemia de Covid-19.
“La ejecución de Saridewi Djamani (…) muestra que nadie quedará a salvo del esfuerzo galopante para mostrar que el Gobierno es duro contra las drogas”, resaltó.
Una medida disuasoria, defiende el Gobierno
Si bien organismos, activistas y oenegés locales y nacionales critican el proceder de Singapur, el Gobierno se vanagloria de que “con sus duras leyes, incluida la pena de muerte” hicieron del país uno de los lugares más seguros del mundo.
El efecto disuasorio, para el Gobierno, es indiscutible. Según el Ministerio del Interior (MHA por sus siglas en inglés) la reducción de los delitos graves es significativa después de la introducción de la pena de muerte.
Existen tres “consideraciones clave”, entre otras, para la imputación de la pena máxima: la gravedad del delito, la frecuencia de la falta y por último la “necesidad de un alto grado de disuasión” para prevenir situaciones similares.
Entre los delitos punibles con la pena capital se encuentran el asesinato intencional, actos terroristas como la colocación de bombas, robo en pandilla con asesinato incluido, el uso de armas de fuego, secuestro y el tráfico de estupefacientes.
Según el Ministerio de Interior, en todos los casos se aplica del debido proceso legal, un derecho humano que, de aplicarse correctamente, hace que el derecho internacional no prohíba el uso de la muerte.
Sin embargo, siempre hay leña para cortar sobre la eficacia. Medios de prensa como el español ‘El país’ se hizo eco en el año 2018 de una estadística gubernamental de Singapur en la que señala que “entre 2003 y 2016 la cifra de consumidores de droga prácticamente se duplicó”.
“La cultura de la tolerancia cero hacia las drogas se basa en la asunción de que así estamos a salvo. Pero no hay pruebas concretas, estudios o cifras que lo respalden”, expresó el rotativo citando la opinión de un experto.
Justo en 2019, el MHA singapurense realizó una encuesta a unos 2.000 ciudadanos. Se les preguntó su parecer sobre la pena de muerte, un proceder que apoyó la mayoría de los cuestionados. Según Interior, los habitantes de la ciudad-Estado entienden el valor “disuasorio” de morir por sobre la cadena perpetua.
Otros casos de aplicación de la ley local
En el año 2015 se conoció el caso de dos alemanes que pintaron con grafiti uno de los carros de la red ferroviaria del país. Fueron condenados a nueve meses de cárcel y tres azotes con una vara de madera por vandalismo. Los acusados tenían en ese entonces 21 y 22 años de edad.
Ambos huyeron del país, pero fueron encontrados gracias a una orden internacional y posteriormente extraditados para comparecer ante la Justicia.
Un ciudadano suizo también fue condenado por un delito similar. Corrió la misma suerte que los alemanes en cuanto al castigo. La sanción máxima por este tipo de comportamientos consiste en una multa que no excede los 2.000 dólares, no más de tres años en prisión y un castigo corporal con no menos de tres y más de ocho azotes.
France24, con EFE y medios locales