28 ABRIL 2023.- Paraguay, uno de los países más pobres de América Latina, acude a las urnas este 30 de abril para elegir un nuevo presidente para los próximos cinco años y renovar su Congreso. Ante los altos índices de desigualdad y desempleo, la corrupción rampante y el narcotráfico que se fortalece en su triple frontera, el nuevo mandatario se enfrentará a un descontento social generalizado. Todo en medio de una hegemonía política que promete continuar aún con un eventual cambio en el Ejecutivo. Desde ya la división se abre dentro y fuera del próximo gobierno.
Paraguay, un país con deudas pendientes de larga data frente a su población. Aunque han pasado más de tres décadas desde que el dictador Alfredo Stroessner fue derrocado y el país retornó a la democracia, numerosos problemas persisten.
Con la promesa de traer un “cambio”, a esta contienda electoral llegan dos candidatos con las mayores posibilidades de ganar: Santiago ‘Santi’ Peña, de la Asociación Nacional Republicana, conocido como el Partido Colorado –el movimiento oficialista, pero con divisiones internas, por lo que dentro de la bancada Peña representa la oposición al actual presidente, Mario Abdo Benítez– y Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico, dentro de la alianza de la Concertación para un Nuevo Paraguay, que agrupa 14 partidos y organizaciones opositoras.
Expertos consultados por France 24 coinciden en que quien salga victorioso en las elecciones de una sola vuelta deberá encarar un panorama político adverso y el hartazgo general entre la población de un país que por años ha sostenido una de las mayores tasas de corrupción en la región, al tiempo que más del 24% de sus habitantes se ubicó en situación de pobreza al terminar 2022, según datos divulgados el pasado marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pero en estos comicios no solo está en juego la Presidencia, sino también el Congreso, al definirse 45 senadores y 80 diputados. Un resultado que dará luces sobre las posibilidades de gobernabilidad y eventuales cambios que sigue esperando la ciudadanía.
Paraguay, entre la estabilidad macroeconómica y los altos índices de pobreza
La nación es escenario de una aparente contradicción en materia financiera. El Banco Mundial destaca que, durante las últimas dos décadas, Paraguay ha experimentado un crecimiento “gracias a términos de intercambio favorables que permitieron mejoras en los precios de los productos que el país exporta y a políticas macroeconómicas sólidas, que incluyen reformas institucionales como el mecanismo de metas de inflación y la legislación de responsabilidad fiscal”.
Y, aunque tras la pandemia del Covid-19 y las condiciones climáticas adversas se han visto afectadas las exportaciones agrícolas y de energía hidroeléctrica –que han afectado el crecimiento en los últimos años–, Paraguay muestra algunos indicadores económicos favorables.
El país se caracteriza por mantener tasas de inflación significativamente menores en comparación con otros territorios de la región. El índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en marzo de 2023 en un 6,4%, una caída de cinco puntos frente a febrero, según las cifras divulgadas por el Banco Central de Paraguay.
Sin embargo, Katia Gorostiaga, catedrática paraguaya e investigadora sobre democracia e instituciones políticas, destaca que la baja inflación en el país no necesariamente significa un avance en el poder adquisitivo de los ciudadanos. “La economía en Paraguay tiene una particularidad, somos pobremente estables. Nunca hemos sufrido tasas hiperinflacionarias como Argentina o Bolivia, pero eso no significa que no haya pobreza”.
Y es que con una tasa de pobreza monetaria total –que se obtiene de la suma de la penuria no extrema y la extrema– del 24,7%, este es uno de los territorios más pobres del hemisferio. Condición notoria en el pequeño país con una población de alrededor de seis millones de personas. “La clase media prácticamente está desapareciendo o está luchando por permanecer como clase media”, agrega la también doctora en investigación de ciencias sociales.
En este sentido, Gorostiaga subraya que uno de los retos del próximo gobierno es mejorar la tasa impositiva o tributaria, una de las menores en América Latina, con el fin de recaudar suficientes fondos que permitan invertir en planes sociales para la población más vulnerable. Siempre y cuando también se ataque la corrupción, recalca.
Entretanto, Camilo Filártiga, docente e investigador de la Universidad Católica de Asunción, destaca que, a lo largo de su historia democrática, el territorio paraguayo ha mantenido una estabilidad en líneas generales macroeconómicas, pero que desde el 2012 inició “un proceso peligroso y acelerado de endeudamiento público hasta llegar actualmente a niveles que generan mucha preocupación”.
Una situación que sumada a las consecuencias de la pandemia del Covid-19 ha aumentado el desempleo y la informalidad laboral, así como la deserción escolar y la desocupación en la población joven. Por tanto, “el reto para el próximo gobierno es doble, es un desafío de crecimiento y además de retribución de ese crecimiento que se pueda generar”, expone el analista.
Para concretar la ansiada recuperación financiera, algunos expertos señalan que la próxima Administración deberá apuntar tanto a la inversión de la empresa privada nacional como del extranjero para generar puestos de trabajo y disminuir la desigualdad.
En Paraguay, la riqueza está concentrada en una pequeña fracción. El 1,6% de la población es propietaria del 80% del territorio, señala Oxfam. Al tiempo, 25 de cada 100 hogares no tienen seguridad alimentaria, según datos del INE expuestos en diciembre de 2022.
La “corrupción significativa” que azota a Paraguay
Si bien este flagelo no es exclusivo de la nación suramericana, la golpea con especial fuerza. Y es que se trata del segundo territorio de la región con mayor corrupción, después de Venezuela, según indica el más reciente informe de Transparencia Internacional, publicado el pasado enero.
El investigador experto en América Latina para el Istituto Affari Internazionali (IAI) de Roma, Tiziano Breda, señala que Paraguay tiene al menos tres elementos que favorecen la consolidación de ese fenómeno.
“El primero reside en la concentración de poder en las manos de un partido prácticamente y la falta de alternancia en el poder”, ya que el Partido Colorado ha gobernado la nación de manera continua desde 1954, con una sola excepción, entre 2008 y 2012, cuando el exobispo Fernando Lugo ganó el Ejecutivo, pero luego fue destituido en un juicio político precisamente impulsado por esa bancada, que recuperó el poder en las elecciones posteriores.
“Esto contribuye a consolidar redes clientelares y una especie de asimilación entre Estado y partido, que notoriamente favorece mecanismos de corrupción. Lo vemos también, por ejemplo, en Nicaragua, donde empleos y contrataciones, entre otros, son vinculados al apoyo partidista”, precisa Breda.
El segundo factor, resalta el experto, es la legislación laxa de controles insuficientes sobre el financiamiento de campañas electorales, que permite la financiación sin transparencia y favorece el clientelismo. Y, en tercer lugar, se encuentra la creciente presencia de actividades ligadas al narcotráfico, que ofrece un flujo de recursos ilícitos.
La situación en Paraguay ha elevado las alertas del Departamento de Estado de EE. UU., que en los últimos meses ha señalado hechos de “corrupción significativa”, que, entre otros, salpican al actual vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y al exmandatario, Horacio Cartes, por lo que recibieron sanciones económicas.
El exjefe de Estado, y además presidente del partido actualmente en el poder, fue acusado de presuntos sobornos de hasta 10.000 dólares para obtener su designación como candidato presidencial del movimiento oficialista y de continuar con actividades corruptas “antes, durante y después” de su mandato, entre 2013 y 2018.
“El problema de Paraguay es que la corrupción es transversal a todas las instituciones públicas, no solo en la Presidencia, está enquistada en los tres poderes del Estado: en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, desde las más altas esferas hasta abajo”, subraya Katia Gorostiaga.
Un panorama que, sin duda, vuelve a poner en tela de juicio a la cúpula política de la nación.
Filártiga resalta que en los últimos años se han hecho esfuerzos por fortalecer el marco normativo para la rendición de cuentas, pero “todavía es mucho lo que queda por hacer, sobre todo con voluntad política y real para al menos reducir los escandalosos niveles de corrupción” que azotan al país. Una problemática difícil de erradicar, especialmente cuando los gobernantes han estado involucrados.
La particularidad geográfica de Paraguay que favorece al narcotráfico
Un fiscal paraguayo asesinado por sicarios mientras pasaba su luna de miel en Colombia, el alcalde de una ciudad fronteriza con Brasil acribillado a las puertas de su oficina y el asesinato de la hija de un gobernador, entre otros hechos que impactaron al país en los últimos años, dan cuenta del ascenso del crimen organizado en esta nación.
En las selvas de su triple frontera, con Brasil y Argentina, se teje una problemática que deja a zonas de Paraguay bajo amenaza. Justamente allí, en las áreas limítrofes, se destaca la ciudad Pedro Juan Caballero, minada por el narcotráfico. Incluso en 2016, el exgobernador de Amambay, departamento al que pertenece la localidad, había indicado que el 50% de la población se dedicaba a ese negocio ilícito.
En la peculiaridad de su geografía, Paraguay históricamente ha sido ruta del tráfico de estupefacientes, recuerda Gorostiaga, pero en años más recientes también se ha convertido en un gran productor de marihuana. A lo que se suma la frontera seca con Brasil, exactamente con la región de Ponta Porá, que ha favorecido el libre tránsito de narcotraficantes brasileños y paraguayos.
“Es indudable que ha habido un aumento en el ingreso de grupos procedentes de Brasil ligados al narcotráfico y esto ha generado disputas territoriales con grupos locales, pero creo que no ha desestabilizado al país en su totalidad en materia de seguridad, comparado con otros países de la región como Ecuador”, matiza Tiziano Breda, quien agrega que los asesinatos vinculados a este delito han estado específicamente dirigidos a miembros del crimen organizado y contra quienes investigan o ejercen Justicia frente a ese flagelo.
Para Filártiga, el Estado se ha visto sobrepasado por los grupos criminales organizados, por lo que, para abordarlo, “es necesario un fortalecimiento de las instituciones y de los organismos de seguridad”, aunque es un desafío mayor, reconoce, cuando el fenómeno además “está permeando en los distintos ámbitos de la sociedad paraguaya, financiando campañas políticas y actividades sociales”, lo que aumenta la preocupación en algunos sectores de la clase política y en la ciudadanía.
El reto de gobernar un país de hegemonía política, pero múltiples fragmentaciones
Los dos candidatos con mayores posibilidades de llegar a la Presidencia se enfrentan a un escenario sumamente complicado para sacar a flote sus proyectos políticos.
Si bien Paraguay ha sido gobernada predominantemente por el Partido Colorado durante más de siete décadas, al interior de este movimiento existen divisiones. Ejemplo claro es el candidato Santiago Peña, considerado “cartista” –por su afiliación al líder de la bancada y expresidente, Horacio Cartes–. Por ende, opositor del actual mandatario, Mario Abdo Benítez, aun cuando pertenecen al mismo movimiento político.
Pero la opositora Concertación para un Nuevo Paraguay, que representa el aspirante presidencial Efraín Alegre, tampoco dista de fragmentaciones. La coalición de 14 partidos agrupa movimientos de diversas ideologías que van desde la izquierda, la extrema izquierda, el centro y la centroderecha.
Aunque los sondeos de opinión de las encuestadoras locales no despiertan confianza en la población, durante la campaña muchos mostraron un estrecho margen entre los dos principales aspirantes. Sin embargo, una consulta reciente de la encuestadora Atlas-Intel dio a Alegre una estrecha ventaja. Un vaticinio que, en caso de cumplirse, representaría solo la segunda ocasión en la historia democrática del país que un miembro fuera del Partido Colorado llegue a la Presidencia.
Si se logra un cambio en el Ejecutivo, “van a haber muchos retos en el Gobierno. Por un lado, un Gobierno de concertación, hay un montón de grupos que apoyan una dupla presidencial, pero que tienen intereses sumamente dispersos. En apoyo a la concertación hay partidos de derecha y de izquierda y las ideologías de todos ellos son completamente diferentes, así como los planes sociales que quieren implementar”, enfatiza Gorostiaga.
Desafíos que se extienden, ya que esta es una ‘super jornada’ electoral que también define la composición del Congreso. Y en el Legislativo, por décadas los colorados han demostrado que dominan; todo un reto en un eventual triunfo de Alegre para la toma de decisiones.
“Puede haber un cambio en la Presidencia, pero no necesariamente acompañado por una recomposición tan estructural en el Congreso. Eso sería en línea con la serie de elecciones que se han dado en América latina en el último lustro y obligaría a un presidente de oposición a negociar todas las decisiones importantes con el Partido Colorado”, destaca Tiziano Breda.
Filártiga, también miembro de la Asociación Política de Paraguay, coincide en que un eventual triunfo de Alegre traería “serios desafíos” en materia de gobernabilidad, ante un Congreso previsiblemente en manos del Partido Colorado. “Por un lado, consolidar su espacio político que es el de la Concertación Nacional, formado por partidos de pensamiento e ideologías heterogéneas, con modelos de país en muchos casos diversos, contrapuestos. Por otro lado, va a tener el reto de gobernar con un Congreso opositor”, subraya.
Un escenario que ejemplificaría que no necesariamente ganar la Presidencia significa controlar el Gobierno y abre paso a mayores divisiones en uno de los países más desiguales del mundo. Impactos duraderos desde su era dictatorial que parecen resistirse a quedar atrás.
Con France24