Recompensa por Maduro: de qué acusa Estados Unidos al presidente de Venezuela y qué consecuencias puede tener que ofrezca una recompensa por su captura

Se busca a Nicolás Maduro Moros. Recompensa, US$15 millones.

Es el mensaje que transmitió en una conferencia de prensa el jueves pasado William Barr, fiscal general de Estados Unidos.

Barr anunció la presentación de cargos en tribunales de su país contra el presidente de Venezuela por los delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos.

Además de Maduro, se presentó acusación contra otros altos dirigentes de la Venezuela chavista, como, entre otros, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta nueva iniciativa legal supone un paso más en la estrategia del gobierno de Donald Trump contra Maduro, al que considera un “dictador” que usurpa ilegítimamente el poder en Venezuela.

Estados Unidos, como la mayoría de países de la Unión Europea y América Latina, exige unas nuevas elecciones presidenciales en el país y reconocen como su presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.

Maduro rechazó los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que describió como “un conjunto de acusaciones falsas” y acusó al gobierno de Donald Trump de comportarse como “cowboys racistas del siglo XIX” al ofrecer una recompensa por su captura.

Recientemente, Maduro había pedido a Estados Unidos que levantara o, al menos, suavizara las sanciones a su gobierno para facilitar la lucha contra la pandemia del covid-19.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el responsable de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, entre otros, se han mostrado partidarios de aparcar las sanciones contra Irán, Venezuela y otros países mientras dure la pandemia.

De qué se acusa a Maduro
Según el relato de Barr, Maduro es el líder de una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles.

Esta organización, formada supuestamente por altos mandos militares venezolanos, habría llegado a un entendimiento con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para permitirles operar desde Venezuela y enviar desde allí toneladas de drogas hacia Estados Unidos.

Los antiguos cabecillas de las FARC Luciano Marín Arango, alias “Iván Marquéz”, y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Sántrich”, también figuran entre los reclamados por la justicia estadounidense.

Según Barr, Maduro y los otros dirigentes señalados habrían recibido dinero a cambio de posibilitar estas operaciones.

Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Nueva York que compareció junto a Barr, aseguró: “Quisieron inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestro país”.

Barr, por su parte, acusó al “régimen” de Maduro de “apuntar deliberadamente” a Estados Unidos con sus actividades de tráfico de drogas y permitir que aviones cargados con narcóticos despegaran con rumbo a ese país desde bases militares venezolanas.

Un estudio reciente de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) concluye que Venezuela no es uno de los países desde los que se envían mayores cantidades de drogas hacia Estados Unidos.

Otros con los que el gobierno de Donald Trump mantiene mejores relaciones, como Honduras, Guatemala o Colombia, juegan un papel mucho mayor en este comercio ilegal, según WOLA.

En 2017, dos sobrinos de Maduro fueron condenados por narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos y cumplen condena en ese país.

Barr defendió en su comparecencia las nuevas medidas contra Maduro: “Es lo mejor que podemos hacer en este momento, hacer lo posible para que el pueblo de Venezuela pueda salir de esta gente”.

Qué consecuencias puede tener la acusación

En realidad, Maduro sale cada vez menos de Venezuela, donde hasta ahora ha logrado mantener el control del Estado y el decisivo apoyo de las fuerzas armadas.

Sus viajes al exterior se han limitado mucho desde que Estados Unidos comenzó a imponer sanciones contra él y su círculo, lo que dificulta que las autoridades estadounidenses puedan capturarle, pese a la cuantiosa recompensa que ofrecen.

Geoff Ramsey, investigador de la WOLA, le dijo a BBC Mundo que los cargos “no impedirán que Maduro y sus allegados sigan viajando a países aliados como Rusia o China”.

Pero, según él, sí aleja la posibilidad de una solución negociada a la larga crisis política venezolana y de un quiebre de la unidad en torno a Maduro dentro del ejército.

“Esto llevará a que el régimen se atrinchere y que aquellos que ahora han sido formalmente acusados vean su destino permanentemente vinculado al de Maduro”, indicó.

Barr dijo que Estados Unidos no tomaba unas medidas como las anunciadas contra Maduro desde que en 1989 se empeñó en lograr la caída del general Manuel Noriega en Panamá.

Pero para sacar a Noriega del poder, Washington llegó a enviar a sus marines a invadir Panamá, hasta que finalmente el general accedió a entregarse.

Ramsey cree que la diferencia respecto al escenario de entonces es que “30 años atrás, Estados Unidos era una potencia sin rival en el hemisferio”, mientras que hoy día “no hay una solución para Venezuela si no implica una coordinación multilateral con Rusia y China”, países que mantienen el apoyo a Maduro.

“Justo cuando la situación favorecía un acuerdo humanitario entre Maduro y Guaidó que permitiera la ayuda internacional para manejar la pandemia, este anuncio supone un revés para esos esfuerzos”, concluye Ramsey. (BBC)