Autoridades desconocían espionaje

Abren investigación tras revelaciones de revista

BOGOTA (COLOMBIA), 13 ENE 2020 – Ni el gobierno del presidente, Iván Duque, ni la Fiscalía General conocían de las interceptaciones y seguimientos ilegales realizados por miembros del Ejército a políticos de oposición, magistrados y periodistas, como lo develó la prensa local.

Tanto el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, como el fiscal general, Fabio Espitia, confesaron este lunes que se enteraron de lo que estaba ocurriendo, como la mayoría de los colombianos, a través de la denuncia hecha por la revista Semana.

“Lo único que se conoce es el escrito de la revista Semana; las circunstancias, las condiciones de modo, tiempo y lugar se esclarecerán a raíz de las investigaciones que se adelanten”, afirmó Trujillo en conferencia de prensa.

“Es una información que la Fiscalía no tenía, es una información que se conoce por los medios”, dijo por su parte el jefe del ente investigador a reporteros.

De lo que el gobierno y la Fiscalía se enteraron el fin de semana es que miembros de inteligencia del Ejercito utilizaban aparatos destinados a la lucha contra los grupos armados ilegales y la criminalidad para espiar las comunicaciones de jueces, reporteros y políticos.

Para tal efecto, utilizaron equipos sofisticados de interceptación capaces de penetrar sin ser detectados en computadores y teléfonos, siempre según la denuncia del semanario.

Al parecer y de acuerdo con Semana, el espionaje virtual de las comunicaciones se entregó “directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, el partido del Jefe de Estado y creado alrededor de la imagen del expresidente y senador de derecha, Alvaro Uribe, su mentor político.

El partido de Duque y Uribe dijo en un comunicado en la víspera que si comprueban las acusaciones de la publicación contra uno o varios de sus integrantes que se “hagan públicos los nombres” para “tomar las medidas correspondientes”.

Sin embargo, el senador Roy Barreras, del gobiernista Partido de la U, recordó hoy que junto a otros dos senadores entregaron al presidente en julio pasado una carta en la que advertían que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se preparaban “operaciones de descrédito” contra defensores del proceso de paz y para ello recurrían al espionaje.

“Intentar silenciar nuestra voces utilizando viejos métodos de interceptaciones ilegales y montajes judiciales seria un aleve atentado contra la democracia”, decía un aparte de la carta divulgada este lunes por el senador opositor, Iván Cepeda, en Twitter.

Barreras contó a radios locales que en su momento el “presidente fue muy amable, quedó en averiguar con su Dirección Nacional de Inteligencia y ha pasado un semestre” sin que haya una respuesta a la denuncia.

Añadió que lo que está ocurriendo en el país es la evidencia del interés de ciertos “sectores” de querer volver a “épocas oscuras” en la que se perseguía a “cualquier con opinión contraria”, en referencia a hechos similares ocurridos en el gobierno de Uribe.

El ministro Trujillo aseguró que “de hallarse que sí hubo irregularidades el gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar”, reclamó celeridad de parte de las autoridades, de quien dijo son las que deben entregar resultados de sus pesquisas, y resaltó que “el país necesita conocer la verdad”.

Sobre la salida del Ejército del general Nicacio Martínez, quien ejerció como su máximo comandante hasta diciembre pasado y que según Semana su retiro fue producto del espionaje ilegal, el Ministro reiteró que se dio por “razones personales”.

Martínez negó hoy tener algo que ver con lo denunciado por Semana, avisó que llevará su caso a estrados judiciales al advertir que se violaron sus “derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa” y pidió a los colombianos “analizar la desinformación a la que estamos siendo sometidos”. Por su parte, el fiscal Espitia dijo que “hoy comienza la indagación de los hechos” denunciados y precisó que al existir en la revelación mediática la “mención de un general de la República le corresponderá a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia” investigar al oficial, en referencia a Martínez. (ANSA).