Miércoles Enero 24, 2018 06:19.- Argentina | Buenos Aires

Vidal puso el pie en el freno con los cambios en el sistema previsional

Mandó a enfriar el proyecto que buscaba “armonizar” el Instituto de Previsión Social con la Anses. Pero en la Provincia aseguran que el IPS tiene déficit y que hay que discutir cómo se seguirá financiando

En medio de la creciente polémica con la oposición y los sindicatos docentes y estatales, María Eugenia Vidal puso en el freezer la reforma al sistema previsional. Fuentes oficiales aseguraron que no se enviará un proyecto de ley al Parlamento, pero dejaron la puerta abierta para avanzar en una futura discusión sobre cómo se financiará el Instituto de Previsión Social (IPS) ya que en el gobierno bonaerense insisten en que es deficitario.

La Gobernadora salió de paso con su decisión a desautorizar al presidente del IPS Christian Gribaudo, quien había adelantado que se venía la discusión sobre el régimen previsional de la Provincia.

“No se enviará un proyecto en marzo”, dijeron en la Gobernación. En rigor, el proyecto ya estaba redactado, planteaba la “armonización” con la Anses y circuló por diversos despachos oficiales hacia fines del año pasado. Pero en medio del conflicto social que se desató en el marco del debate nacional por la fórmula de cálculo de las jubilaciones de la Anses y de la discusión por la reforma previsional en el Banco Provincia, finalmente esa discusión se postergó.

No obstante, en la Gobernación dejaron la puerta abierta al debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional bonaerense. Los funcionarios dicen que sufre un déficit de cerca de 2.600 millones de pesos. Gremios y entidades bonaerenses rechazan esa afirmación y aseguran que el IPS es superavitario.

En la Provincia ahora analizan convocar a los gremios y a la oposición a discutir cómo se financiará el sistema en el futuro, pero sin enviar de antemano un proyecto.

La situación financiera del IPS está envuelta en una fuerte polémica y se ha ido deteriorando en los últimos años producto de las jubilaciones que se otorgaron y el congelamiento de las designaciones en el Estado.

Así, cada vez hay menos aportantes mientras crecen los beneficiarios. De hecho, Vidal tiene previsto pasar a retiro a cerca de 30 mil estatales este año, con lo que sumará unas 80 mil jubilaciones en los primeros tres años de su mandato.

La decisión de la Provincia no terminó de despejar la polémica. Ayer, por caso, surgieron advertencias sobre la “inconstitucionalidad” que supondría un proyecto que avance en una “armonización” con el sistema previsional nacional.

La Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip) salió a cuestionar con dureza la idea oficial que ahora se habría congelado.

La entidad, que nuclea a jubilados y activos, adviertió que si la idea es alinear el sistema previsional bonaerenses con el nacional para atender el pedido a las provincias el presidente Mauricio Macri, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad.

Concretamente, entienden que se violaría el artículo 40 de la Constitución bonaerense, que sostiene que la Provincia “ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial” y estipula que “el sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley”.

Desde Adesip, además, denunciaron que el gobierno de María Eugenia Vidal “busca continuar con la política de apropiación de los fondos del IPS y para eso pretende seguir recibiendo recursos nacionales aduciendo inexistentes resultados negativos”, ya que el IPS es un organismo superavitario.

Frase, polémica y reacciones

La polémica por la política previsional se inició a fines del año pasado, cuando, en paralelo en el Congreso se discutió en medio de fuertes incidentes, el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por Nación y en la Legislatura bonaerense se trató la ley que modificó el régimen de retiro del Bapro.

En ese marco, desde diversos gremios salieron a advertir que la administración Vidal preparaba una iniciativa de reforma integral del sistema previsional bonaerense para cumplir con el pedido del presidente Mauricio Macri, quien aspira que las provincias se pongan en línea con la política previsional de la Nación.

Tras desmentidas, finalmente el viernes pasado el presidente del Instituto de Previsión Social confirmó lo que desde los gremios venían advirtiendo desde fines del año pasado. En declaraciones a un diario marplatense, Christian Gribaudo dijo que se “encuentran trabajando” para que el debate de la reforma del sistema previsional llegue a la Legislatura. La edad jubilatoria y la puesta en marcha de un régimen único, aparecen como dos de los objetivos perseguidos por el organismo previsional. “Estamos trabajando en el futuro, no solamente en el presente. Es un debate mundial, la gente vive más y tienen mayor calidad de vida. A partir de los 60 y los 70 años realizan actividades tanto laborales como de estudio y capacitación, tienen una vida muy activa; ya no son el pasivo de la tercera de edad que queda apartado en su casa, así que por eso, seguramente, encararemos este debate”, dijo el funcionario provincial. Pero anoche, fue desautorizado.

Los gremios habían puesto el grito en el cielo y advirtieron sobre los perjuicios que traerán para los trabajadores esos posibles cambios en la movilidad jubilatoria y la forma en que se calcula la pasividad del agente que se retira. Son dos ventajas sustanciales en comparación con el régimen nacional.

Las diferencias son enormes. Mientras que en la Provincia un docente accede a la jubilación ordinaria a los 50 años, en el Anses la edad es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. El mínimo de aportes en la Provincia es 25 años y en Anses de 30; para el IPS se establece como mejor cargo los tres mejores años consecutivos o cinco alternados de la carrera docente, para Anses los últimos diez años trabajados. Además, la jubilación puede ir del 70 al 85% del sueldo en actividad, mientras que en Anses no más del 52,5% con 35 años de aportes.

Informe con críticas

Desde Adesip emitieron un crítico informe sobre el proyecto en forma de borrador. La entidad calificó como “falso” el argumento esgrimido desde algunos sectores sobre la imposibilidad de que el organismo previsional provincial se sostenga por sí mismo, al demostrar que el IPS viene generando superávits año tras año.

En 2016, el ejercicio presupuestario arrojó un resultado positivo de 4.588 millones de pesos, con lo que el total del patrimonio neto del IPS acumuló $24.773 millones.

Para la entidad, “el déficit denunciado en el IPS es totalmente inexistente y se torna en excusa para recibir la ayuda del Estado nacional”. “El organismo, con sus excedentes, viene solventando desde hace muchos años parte del déficit de las arcas provinciales, entregando los excedentes financieros a través de créditos en cuentas corrientes sin intereses y letras previsionales”, agregaron desde la entidad que preside Miguel Pouzo.

Desde Adesip destacan la solvencia del organismo previsional provincial que “a lo largo de casi 70 años de existencia, siempre pagó regularmente sus prestaciones y lo hizo con fondos propios, conformado únicamente con el aporte de sus afiliados”.

La entidad no plantea reparos a un posible aumento de la edad jubilatoria, por la extensión de la edad de vida. “Todo sistema previsional requiere adecuaciones a lo largo del tiempo. Entre 1980 y 2017, el promedio de vida aumentó cinco años”, detallaron.

Pero sí rechazan cualquier posibilidad de reforma y de armonización con el sistema previsional nacional.

“No estamos de acuerdo con obligar al IPS a la armonización de su sistema con el nacional e impulsar el proceso de compensación de asimetrías. Y no estamos de acuerdo con modificar las formas de determinación del haber del beneficiario y la de su correspondiente movilidad”, enumeraron.

“El único interés en juego es el del Gobierno y en su caracterización más mezquina: el monetario, con el agregado que implica a los legisladores en la eliminación de créditos a favor del IPS”, dispararon. (El Día)


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

río
 
 
 
 
 

Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado. (Página 12)