Miércoles Enero 10, 2018 12:59.- Internacional | EE. UU. | California

Un juez de California ordena que se mantenga DACA

En medio de una lucha política intensa por el programa que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes que fueron llevados de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños, un juez federal en California emitió la noche del martes una orden nacional para que el gobierno de Donald Trump restaure el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

El juez William Alsup, de la Corte de Distrito de San Francisco, escribió que la decisión de acabar con él era incorrecta y que el gobierno debe “mantener el programa DACA en todo el país” mientras se resuelven los desafíos legales a la decisión de revocarlo, anunciada por la Casa Blanca en septiembre.

La Casa Blanca señaló el miércoles en un comunicado que la decisión del juez es “indignante”, “especialmente de cara a una reunión bipartidista exitosa del presidente con integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado” realizada el mismo martes. La portavoz, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la suerte del programa debe quedar únicamente en manos del congreso, al que el gobierno de Trump ha exigido financiamiento para la construcción prometida de un muro fronterizo a cambio de respaldar una alternativa a DACA.

El expresidente Barack Obama creó en 2012 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia para darle a los jóvenes migrantes la posibilidad de trabajar y estudiar legalmente en Estados Unidos después de que una medida legislativa, el DREAM Act, fracasó. El presidente Donald Trump decidió en septiembre revocar el programa con el argumento de que las acciones de Obama eran inconstitucionales y que había excedido su poder en el ejecutivo. Emplazó al congreso a encontrar una alternativa para los 800.000 beneficiarios de DACA, los llamados dreamers.

La revocación ha desatado un debate feroz en Washington mientras los demócratas y los republicanos buscan una resolución para los beneficiarios, que podrían enfrentar la deportación cuando el programa termine formalmente el próximo 5 de marzo.

Mientras, gobiernos estatales y organizaciones demandaron al gobierno federal bajo el argumento de que el desmantelamiento del programa se hizo de manera arbitraria y sin seguir los procedimientos necesarios. Entre los demandantes está Janet Napolitano, ahora presidenta de la Universidad de California con sus diversos campus y exsecretaria de Seguridad Nacional con Obama; ahí fue una de las arquitectas de DACA.

En el fallo, Alsup cuestionó la afirmación del gobierno de Trump de que DACA fue establecido de manera ilegal al opinar que el Departamento de Seguridad Nacional sí tiene la autoridad para dar ese tipo de protecciones migratorias temporales.

Alsup incluso citó en su fallo tuits del mismo Trump en los que este expresa apoyo al programa, como uno de septiembre en el que el presidente estadounidense escribió: “¿Realmente alguien quiere sacar a jóvenes buenos, educados y bien logrados, algunos de los cuales están en el ejército? ¡En serio!”. Esos tuits, según el juez, respaldan la idea de que mantener el programa está en el interés público.

El juez dijo que se debe permitir que los dreamers renueven su estatus, aunque el gobierno no tendrá que aceptar solicitudes nuevas de quienes todavía no eran beneficiarios. El juez indicó que el gobierno también podrá seguir negándole la entrada a algún beneficiario de DACA que haya salido del país y haya intentado reingresar.

Un portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que el fallo no cambia la postura del gobierno.

“DACA fue implementado de manera unilateral después de que el congreso decidió no extenderle los beneficios a ese grupo de extranjeros ilegales”, dijo. “Como tal, fue un salto por encima del congreso” y “el Departamento de Seguridad Nacional actuó concordante a su autoridad legal al decidir desmantelar DACA de manera ordenada”.

El gobierno podría apelar pronto el fallo del juez Alsup, en espera de que una corte de apelaciones rechace ese requerimiento y la revocación de DACA se mantenga con el calendario anunciado en septiembre.

Sin embargo, lo que determine la corte de apelaciones también podría enfrentar retos, de modo que el caso termine ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos; eso significaría que la suerte de DACA no se determinaría en días, semanas ni en mucho más tiempo después.

Aun así, el fallo de Alsup probablemente tendrá un efecto político considerable.

Si se mantiene la orden, los congresistas tendrían menos presión para encontrar una solución legislativa para aquellos beneficiarios que de otro modo serían deportados. El mismo Trump, en la reunión con legisladores de ambos partidos del martes, expresó simpatía con los dreamers y dijo que estaría dispuesto a firmar una ley que vote el congreso aunque esta prevea la posibilidad de que esos migrantes sin documentos puedan adquirir después la ciudadanía y que aguantaría las críticas que surjan.

Los demócratas han aprovechado esas declaraciones del presidente estadounidense para presionar a sus colegas republicanos a que respalden una legislación que avale dar un estatus legal a los migrantes y su posible trámite de ciudadanía, aunque los conservadores de línea dura consideran que eso sería una amnistía para quienes quebrantaron la ley debido a cómo ingresaron al país.

En la reunión en la Casa Blanca, los republicanos impulsaron en cambio que se ponga fin a las reglas que permiten a los migrantes patrocinar a familiares para que ellos también puedan ingresar a Estados Unidos y que se termine el programa de lotería de visas. (The New York Times)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

río
 
 
 
 
 

Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado. (Página 12)