Lunes Enero 22, 2018 08:28.- Argentina | Córdoba

Sospechan que un veneno causó el drama del geriátrico

Un hombre de 75 años falleció y ocho sufrieron intoxicaciones en una residencia para adultos mayores en Taninga. Por los cuadros clínicos, habrían ingerido veneno. El establecimiento estaba habilitado.

Un hombre de 75 años falleció ayer, tras sufrir un grave cuadro de intoxicación en un geriátrico privado de Taninga, en el departamento Pocho. Además, otros ocho adultos mayores debieron ser derivados de urgencia a la ciudad de Córdoba. El Ministerio de Salud provincial sospecha que todos se intoxicaron con veneno.

“Los pacientes fueron atendidos en primera instancia en el Hospital de Mina Clavero –informó Carlos Negro, director de los centros de salud del interior–. Llegaron con algunos síntomas que nos hicieron sospechar de un tipo específico de veneno”.

Se trata de ocho pacientes de entre 54 y 82 años –siete varones y una mujer–. Algunos presentaron cuadros neurológicos, temblores finos, empequeñecimiento de pupilas y desorientación. Dos de ellos permanecieron en terapia.

Más tarde, el Ministerio de Salud provincial ordenó el urgente traslado de los pacientes a la ciudad de Córdoba. Siete quedaron en la sala de cuidados intermedios del Hospital San Roque Nuevo, donde funciona un centro de vigilancia en Toxicología. El octavo pasó al Rawson por una cuestión de disponibilidad de camas.

“Recibimos ocho pacientes con intoxicación por veneno. Ya tomamos muestras de laboratorio y mandamos a analizar, para saber de qué químico estamos hablando”, agregó Marcelo Martínez, director del Hospital San Roque.

Estudios preliminares descartaron que se tratara de organofosforados, un tipo de insecticida. Resta saber qué veneno estaba involucrado.

La cartera sanitaria aclaró que Posada del Cerro, el geriátrico de Taninga donde ocurrieron los hechos, estaba habilitada desde 1997 por el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa) y que la última inspección se había realizado el 12 de diciembre de 2017. Además tenía convenio con la obra social de los jubilados Pami.

En tanto, el caso fatal está siendo investigado por la Fiscalía de Feria de Villa Dolores, a cargo de Adriana Pereyra. La víctima fue identificada como Vicente Calderón, de 75 años, y falleció antes de llegar al hospital.

La fiscal ordenó la clausura y evacuación de los demás residentes. Posada del Cerro funcionó hasta ayer con 28 adultos mayores y tenía capacidad para 34. El resto fue trasladado a otro geriátrico de San Carlos Minas y a los hogares de sus familiares.

Desayuno bajo la lupa

Todo comenzó en la mañana de ayer, cuando los abuelos se disponían a beber la primera infusión del día. Había tres opciones: mate cocido, té y leche. Aquellos que optaron por esta última, comenzaron a sentir molestias y a descomponerse de imprevisto.

El inspector Carlos Oyola, jefe de la departamental Pocho, informó que la intoxicación comenzó después del desayuno: “Llama la atención que todos los que pidieron leche terminaron con cuadros graves”.

Pasado el mediodía, el Hospital de Mina Clavero recibía el alerta: ocho pacientes estaban en camino y uno de ellos había fallecido sin poder llegar al establecimiento.

“Llegaron con muchos dolores y confusiones. Dos de ellos tuvieron que ser internados en la terapia intensiva. El resto fue estabilizado. La mayoría llegó consciente”, indicó Francisco Acosta, director de ese centro de salud.

Por protocolo, los pacientes fueron derivados a Córdoba. El operativo contó con tres ambulancias. Salud aclaró que las derivaciones se realizaron a tiempo, y esta reducción de la espera puede disminuir el riesgo de secuelas.

Mientras la fiscal termina de recibir las pruebas, el geriátrico Posada del Cerro permanecerá bajo clausura y sin residentes hasta previo aviso.

Las muestras de laboratorio, claves

Muchos pacientes llegaron con cuadros neurológicos: pupilas empequeñecidas, temblores finos y desorientación. Así se sospechó de intoxicación con veneno. El resultado de los análisis determinará qué químico se utilizó. (La Voz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

río
 
 
 
 
 

Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado. (Página 12)