Martes Enero 30, 2018 08:23.- Argentina | Actualidad | Por Werner Pertot

Macri anunció una poda de cargos y que los familiares de ministros no podrán ser funcionarios

El sacrificio de las hermanas Triaca

El Presidente anunció también un recorte del 25 por ciento de los cargos políticos, un porcentaje similar a lo que incrementó cuando asumió. Las hermanas del ministro de Trabajo presentaron ayer la renuncia a sus cargos.

Mauricio Macri se jugó a recuperar la iniciativa luego de la caída sostenida de su imagen como consecuencia del recorte a los jubilados y del escándalo de la ex casera del ministro de Trabajo. El presidente anunció el postergado recorte de cargos políticos, que llegaría a un 25 por ciento. Se trata de un porcentaje similar al que Macri aumentó esos cargos cuando llegó al gobierno. También informó que este año los funcionarios no recibirán aumentos: se aplicará para quienes cobran de 150 mil pesos para arriba. Por último, en respuesta a lo ocurrido con Triaca, anunció que decretará que los familiares de los funcionarios no podrán continuar trabajando en el Estado. Ayer comenzaron a renunciar diversos familiares de los ministros, incluyendo las hermanas de Jorge Triaca, a quien Macri ratificó en su cargo. El anuncio se da en medio de una segunda oleada de despidos de trabajadores estatales.

Macri no perdió el tiempo. Apenas volvió de su gira por Rusia, Suiza y Francia, hizo el anuncio que venía anticipando desde fines del año pasado. “Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Ejecutivo nacional. Y este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo”, indicó. Esto implicará un gesto de “austeridad” de aquellos que cobran sueldos por encima de los 150 mil pesos, mientras el Gobierno busca conseguir un techo para las paritarias del 15 por ciento.

“La austeridad tiene que partir de la política. Como servidores públicos nuestra única prioridad es trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos”, afirmó Macri. Con el congelamiento, el mandatario seguirá cobrando 208 mil pesos por mes, la vicepresidenta 192 mil pesos por mes y los ministros, 183 mil pesos por mes. El congelamiento salarial alcanzará a 324 funcionarios.

Poda de cargos

Son unos mil cargos los que se eliminarán. No obstante, el recorte de cargos políticos no se aplica sobre la base de los que dejó el Gobierno anterior, sino sobre el Estado aumentado en cargos políticos por parte de macrismo. Con la llegada de Macri, se crearon cinco nuevos ministerios y las secretarías de Estado pasaron de 70 a 87, mientras que las subsecretarías subieron de 169 a 207. Se calculó en su momento un incremento del 25 por ciento de las estructuras jerárquicas. Es el mismo porcentaje que ahora se afirman que reducirán, aunque sólo con la letra chica del recorte se sabrá si el Estado quedó más grande o más chico que cuando llegó Macri. En el Ministerio de Modernización, ayer sostenían que estaban afinando los números.

Algunos ministros se jugaron, no obstante, más que otros por aplicar el ajuste. Mientras se definen los números finales, ayer se supo que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, prevé una reducción del 40 por ciento de sus cargos políticos. Se eliminará ocho de las veinte subsecretarías y secretarías que tiene a su cargo. También anunció que recortarán un 20 por ciento de cargos operativos, por lo que eliminará 34 direcciones generales, coordinadores y otros cargos similares. En el ministerio, calculaban que el ahorro salarial será del 21 por ciento.

No obstante, la medida en líneas generales representa un 0,01 por ciento del presupuesto nacional: es decir, no tiene un impacto real, sino que se trata de una señal hacia los sindicatos y hacia otros gobiernos provinciales a los que Macri llamó a sumarse al ajuste.

Hasta ahora, solo anunciaron medidas similares gobiernos propios o aliados: el de Juan Manuel Urtubey en Salta, el de Gustavo Bordet en Entre Ríos, el de Omar Gutiérrez en Neuquén y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que tras su anuncio de recortar 20 por ciento de los cargos debió lidiar con el crecimiento de las estructuras del Consejo de la Magistratura porteño. Finalmente, dieron marcha atrás con ese incremento.

Familiares afuera

La tercera decisión –y la más inesperada– fue la prohibición de que familiares de funcionarios sigan trabajando en el Estado. Como respuesta al escándalo de la ex casera de Triaca, que contó como el ministro consiguió que la nombraran en la intervención del SOMU, Macri tomó una medida general que plasmará en un DNU con aplicación retroactiva. “Ningún ministro puede tener familiares en el Gobierno. Con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos y eso me da mucha pena. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente”, sostuvo Macri. “A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno”, insistió el presidente.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, debió salir después a precisar hasta qué grado de consanguineidad llegará la medida. Según indicaron ayer en el Gobierno, todavía estaban trabajando en afinar la redacción, pero hasta ayer el texto establecía que “ningún ministro del gobierno nacional podrá tener un familiar (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad) designado o contratado en ninguna dependencia de la Administración Pública Nacional, Organismos Descentralizados y/o Desconcentrados, ni tampoco en las empresas públicas”. Esto implica padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos y cónyuges.

Ayer se empezaron a conocer las primeras renuncias: se fueron Mariana y Lorena Triaca, que ocupaban cargos en el directorio del Banco Nación y en la Agencia de Inversiones respectivamente. También se fue el titular de Arsat, Rodrigo De Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y Matías Santos, el hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos.

La decisión planteará problemas en términos de políticas de género. Por ejemplo, ¿quién deberá irse en el caso de los cónyuges como son Marina Klemensiewicz –quien hace una década trabaja en las áreas sociales de las gestiones PRO– y su esposo, el vocero personal del presidente, Iván Pavlovsky? (Página 12)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

río
 
 
 
 
 

Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado. (Página 12)