Sábado Enero 20, 2018 08:03.- Argentina | Córdoba

Empleo público: la primera gran diferencia entre Córdoba y la Nación

El Gobierno nacional se apresta a lanzar la semana próxima su programa de reducción de cargos políticos –el objetivo es un achique del 20 por ciento– y además trascendió un inminente anuncio de planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para reducir también los planteles de empleados públicos nacionales. Ambas herramientas, e incluso la disponibilidad de créditos nacionales para financiar el achique en las provincias, están previstos en el Consenso Fiscal que firmaron la Nación y 23 gobernadores.

No obstante, ayer el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti indicó desde Madrid que la Provincia no planea poner en marcha retiros voluntarios ni jubilaciones anticipadas, y además cuestionó el impacto que la segunda de estas medidas podría tener sobre el sistema previsional provincial: “Anticipar jubilaciones lo único que haría sería aumentar el déficit de la Caja”, dijo el gobernador, tras recordar que en 2017 el rojo previsional fue de 12.300 millones de pesos.

La Provincia tiene 129.159 empleados y, por un acuerdo con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), está pasando a planta permanente a 4.800 agentes que estaban contratados. Otros cinco mil siguen como personal transitorio, aunque el gremio asegura que se garantizaron las renovaciones de todos los contratos.

El panorama en la Municipalidad de Córdoba es similar. Lejos de la directiva nacional, el intendente Ramón Mestre ayer minimizó las posibilidades de implementar jubilaciones anticipadas o retiros, al recordar que en el pasado este tipo de medidas “le hizo muy mal a la administración municipal”, ya que se fueron personas altamente calificadas. Negó de plano que se analice un régimen general de este tipo, aunque indicó que podría aplicarse para situaciones excepcionales, por ejemplo para empleados que tienen largas carpetas médicas.

El municipio tiene unos 10.600 empleados, entre planta permanente y contratados. Al igual que la Provincia, lejos de los planes de reducción de está en pleno proceso de efectivización de contratados.

Sin techo

El otro tema en el que las diferencias se hacen cada vez más notorias es respecto a las subas salariales para 2018. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reitera que las negociaciones deben ir en línea con la meta anual de inflación del 15 por ciento, y ya no deberían incluir cláusulas de actualización automática en caso de los precios se disparen más allá de los aumentos salariales. En Córdoba, tanto la Provincia como el municipio capitalino avanzaron de manera anticipada y contraria a esas directivas nacionales.

Ya en noviembre, Mestre y el Suoem acordaron una paritaria inédita a nivel nacional: los municipales desde este mes tendrán aumentos mensuales de acuerdo a una canasta de cinco indicadores que, promediados, darán cuenta de la inflación: el Índice Precios al Consumidor Córdoba, los índices de las provincias de San Luis, Santa Fe y Buenos Aires y el del Indec.

Dos semanas después, Schiaretti y el SEP –luego, también UPS– firmaron un acuerdo salarial que incluye un aumento del seis por ciento en enero con cláusula gatillo de actualización por inflación para el primer cuatrimestre, otra suba del cinco por ciento para mayo con cláusula gatillo para el segundo cuatrimestre, y aumentos mensuales al ritmo de la inflación durante el último cuatrimestre.

La discusión que en pocos días iniciará la Provincia con la UEPC irá en la misma dirección, que ayer fue ratificada por el propio Juan Schiaretti: “Nuestra intención es que se preserve el poder adquisitivo de los salarios públicos”, indicó el gobernador, tras insistir en la necesidad de compensar la inflación con cláusulas de actualización automática.

Desde la Provincia van más allá: sostienen que la Nación cambió sobre la marcha las indicaciones que ya habían sido consensuadas durante las discusiones por el acuerdo fiscal, y que hasta fin de diciembre nadie en el Gobierno nacional hablaba de techo del 15 por ciento ni de eliminación de la cláusula “gatillo”. (La Voz)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

río
 
 
 
 
 

Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado. (Página 12)