Viernes Enero 12, 2018 16:21.- Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Denunciaron a Moyano y OCA por evasión y lavado de cuatro mil millones de pesos

Hoy al mediodía, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), denunció a Hugo Moyano por evasión y lavado de dinero por una suma que asciende a los cuatro mil millones de pesos.

Además del líder sindical, también fueron denunciados Pablo Moyano, su hijo, el sindicato de Camioneros y un conjunto de empresas y grupos económicos que aparecen vinculados a quien también oficia como presidente de Independiente.

En la complicada trama de evasión impositiva se habla de un entramado complejo a través de una red de empresas, cuentas y depósitos que comenzaron en 2008, que también incluye compra de inmuebles.

Quien toma las riendas del caso es el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 que comanda Rafael Caputo y la Fiscalía Nº 8 de Alicia Sustaita, donde la denunca recayó por sorteo. La presentación que realizó la PROCELAC tiene fundamento en un informe de inteligencia que promulgó la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici.

La empresa postal OCA es la principal involucrada en el caso aunque la acusación incluye a otras empresas: el Grupo Rhuo, que controla OCA, el Grupo Damasco, la propia Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, la asociación mutual del sindicato, al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros y a Patricio Nicolás Farcuh, empresario y propietario de OCA.

Las cifras, sin bien fuentes relacionadas a la denuncia dijeron que "no es tan evidente, no es como Balcedo", podrían ascender hasta los cuatro mil millones de pesos, unos 200 millones de dólares.

La PROCELAC pidió un enorme relevamiento de datos para continuar con la investigación, lo que incluye una amplia lista de documentación a la AFIP, pedido de información sobre las personas y firmas al Banco Central, al Sistema de Identificación Nacional Tributario, al Registro de Propiedad Automotor, como también al Registro de Propiedad Inmueble porteño y bonaerense. (El Día)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

río
 
 
 
 
 

Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado. (Página 12)