Domingo Enero 28, 2018 20:49.- Internacional | Colombia

Atentado en Barranquilla: todo apunta al Eln

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a milicias urbanas . Expertos coinciden enpresiones de esta guerrilla al Gobierno.

En 24 horas Colombia se cubrió de luto. Tres ataques contra la Policía volvieron a revivir los peores fantasmas de los colombianos. El primer caso se registró en la mañana del sábado. Un artefacto explosivo fue activado mientras los uniformados hacían su formación en la estación San José, en Barranquilla. Los uniformados que resultaron con heridas menores comenzaron a auxiliar a sus compañeros y en varios audios quedó grabado ese grito de auxilio. “Envíen ambulancias, aquí hay muchos heridos”, gritó uno de ellos. La acción terrorista dejó un saldo de cinco policías asesinados y 42 oficiales heridos.

Las víctimas fueron identificadas como Yossimar Márquez Navarro, de 29 años; Ánderson René Cano Arteta, de 32 años; Freddy de Jesús Echeverría Orozco, de 24 años; Freddy de Jesús López Gutiérrez, de 28 años, y Yamid José Rada Muñoz.

A las 4:00 a.m. de este domingo un nuevo ataque, que guardaría relación con lo sucedido en Barranquila, sacudió a la Costa. Un explosivo fue lanzado contra el CAI del barrio Soledad 2000 de Barranquilla, que dejó a siete personas heridas: cuatro policías y tres civiles. A esto se sumó el ataque a la subestación de Policía del corregimiento de Buenavista, en Santa Rosa, sur de Bolívar. En el hecho perdieron la vida los uniformados de la Policía Manuel Galvis Contreras y Ferney Alexánder Posada.

Tras la firma hace un año de los acuerdos entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las farc, las autoridades empezaron una lucha contra disidentes de la guerrilla, grupos insurgentes que siguen secuestrando y las mafias de narcotraficantes que le declararon en mayo la guerra a la Policía al verse acorraladas por los operativos de las autoridades.

¿El Eln responsable?

Las escenas que se vivieron en la estación de la Policía al sur de Barranquilla recordaron el atentado con explosivos y dispositivos del barrio La Macarena de Bogotá, que se atribuyó al Eln en febrero del año pasado, en el que perdieron la vida cinco policías y dejó heridos de gravedad a otros 42. Expertos señalan como principal responsable a esta guerrilla. Policía y Fiscalía sólo se refieren a una organización terrorista que habría ejecutado el plan desde Bogotá. “En Barranquilla opera la célula del Eln Kaled Gómez Padrón. El Gobierno está siendo presionado para someterlo a las negociaciones en Quito, con el fin del cese al fuego bilateral entre se han registrado 34 acciones de este grupo guerrillero”, señaló a este diario Jhon Marulanda, experto en seguridad.

De igual forma, señaló que, aunque no se le puede adjudicar al mismo grupo, habría que mirar también la presión que se está ejerciendo en Ecuador, en donde el pasado sábado se registró un atentado con carro bomba contra el cuartel de la Policía en la provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), dejando 24 heridos leves, entre uniformados y civiles, y daños estructurales.

Por su parte, el experto en Seguridad Hugo Acero afirmó que el Gobierno debe entender que la guerra no ha terminado, “las acciones de los últimos días muestran que el terrorismo no ha acabado, el Eln volvió a dinamizar los ataques. Tampoco se pueden descartar las acciones de otras organizaciones criminales como el clan del Golfo y disidentes de las Farc, sus acciones es reaccionar cuando se ven acorralados por la Fuerza Pública”.

Este domingo, a través de redes sociales, el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln se adjudicó la acción terrorista. Sin embargo, el Comando Central del mismo grupo guerrillero no ha confirmado el comunicado. “La represión brutal a las legítimas protestas ciudadanas originadas por la pésima prestación de los servicios públicos, como es el caso de Electricaribe, desastroso monumento a la corrupción, que tiene en su haber cortes de energía y cambios de voltaje que ocasionan daños en electrodomésticos y hasta muertes por electrocución. En respuesta a este panorama, el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln, en ejercicio legítimo del derecho a la rebelión, realizó la siguiente acción militar: se atacaron fuerzas policiales de la estación San José, en el sur de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico”, se dice en el comunicado. (Lea:ELN se atribuye autoría del atentado en Barranquilla).

Las pistas de los investigadores

La Fiscalía sigue la pista a Cristian Camilo Bellón Galindo, de 31 años, quien fue detenido como el posible autor material del ataque terrorista, ya que en su poder fue hallado un aparato con el que habría detonado desde la distancia el explosivo. Además de un cuaderno y un radioteléfono que tenía en su poder, en una de sus hojas se pueden leer dos direcciones: la del ataque terrorista en el barrio San José y la del CAI del barrio El Carmen, en donde al parecer se iba a realizar el siguiente plan criminal. En otra página se ve cómo Bellón Galindo tenía un listado de teléfonos, uno de ellos correspondiente a un número venezolano que están verificando los investigadores.

Bellón Galindo, a quien ya le legalizaron la captura, será presentado este lunes ante un juez para imputarle cargos por 5 homicidios, 42 tentativas de homicidio, terrorismo y uso de explosivos. Sobre este joven se conoció que llegó a Barranquilla desde la primera semana de enero proveniente de Norte de Santander para realizar labores de inteligencia. Comenzó estudios en filosofía en una universidad de Bogotá. “Este domingo se realizaron operativos de allanamiento en su casa en Bogotá, donde se recaudaron pruebas (planos y materiales electrónicos) que nos permiten adelantar las investigaciones”, dicen fuentes del ente investigador. No descartan la participación del Eln en estos hechos, “se está indagando si las milicias participaron en estos hechos”. También son buscadas tres personas más, de las cuales ya se revelaron sus fotografías, entre ellas una mujer, que están vinculados con el atentado en Barranquilla.

A la luz de estos hechos, en medio de la coyuntura electoral, no son descabelladas las hipótesis que atan cabos y vislumbran una intromisión de los armados en las próximas elecciones. “No se puede descartar que están buscando llevar al Gobierno a declarar una emergencia por orden público que podría afectar las elecciones”, comentó a este diario el experto en seguridad Jhon Marulanda. De hecho, esa ha sido una de las preocupaciones de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y otros veedores del proceso ante la demora por parte del Gobierno y el equipo negociador del Eln para lograr un nuevo acuerdo de cese al fuego, pues las acciones armadas de la guerrilla pondrían en riesgo las jornadas del 11 de marzo y el 27 de mayo, y complicarían las intenciones del Estado de garantizar, por ejemplo, la instalación de la totalidad de los puestos de votación en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander), Arauca y Cauca. (El Espectador).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

río
 
 
 
 
 

Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado. (Página 12)